Los políticos. Los andalucistas en el Gobierno desde 1989 y los que gobernaron con ellos que por ignorancia o negligencia no obligaron a cambiar las normas y adaptarlas a la legislación. Y la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley.
Quién se llevó el dinero de la Caja municipal deberá sentenciarlo el Juzgado de San Fernando en el juicio penal que se sigue por la desaparición de 7,8 millones de euros de la Caja municipal del Ayuntamiento de San Fernando. Por ahora sólo hay dos imputados, los dos ex cajeros, uno que ha pasado por prisión y otra que todo indica que sencillamente estaba allí.
Que existió mala praxis, que aquello era un descontrol y que si no hubiera sido así se podría haber evitado en todo o en parte la desaparición del dinero público, es algo que los investigadores policiales han dejado meridianamente claro y que incluso el ex alcalde, Manuel María de Bernardo, admitió públicamente al reconocer que habían fallado los controles.
¿Qué es lo que hay de nuevo para poder presumir que los culpables de lo sucedido son los políticos, con todo lo que de responsabilidad conlleve a juicio de las autoridades económicas?
Pues precisamente la comparecencia de esta semana en el Tribunal de Cuentas de los señalados como responsables directos y subsidiarios y las declaraciones que han dejado al descubierto la clara negligencia de quienes incumplieron la Ley dejando abierta las puertas a lo que ocurrió y a todo lo que pudo ocurrir.
Sin olvidar que el de los 7,8 millones de euros no fue el único desfalco en la Caja, lo que ya de por sí es más grave, lo que ha qudado claro es que el robo lo propició en gran manera el hecho de que se mezclaran en la Caja el dinero en metálico y los derechos de cobro, esto es, valores y avales que la Ley obliga desde 1990 a diferenciar y que en el Ayuntamiento de San Fernando no se diferenciaban.
Por "tradición"
La respuesta del anterior interventor, Rafael Monzón Ristori, a la pregunta del Fiscal del Tribunal de Cuentas sobre por qué se incumplió la Ley y siguieron mezclando avales con dinero fue que “por tradición” y esa tradición es la que permitía enmascarar las cantidades de dinero que fueron faltando desde 2002 a 2009.
Eso y la negligencia de los interventores, tesoreros y políticos, sabedores todos de la existencia de un desfase contable millonario. De hecho, en cuanto se separaron los papeles de los dineros se aclaró lo que había y lo que ya no había.
En este estado de cosas, en la Caja podía haber dinero, avales, o ninguna de las dos cosas en algunos momentos, puesto que en los balances a ojo de buen cubero e incumpliendo las más elementales normas contables -no se hacían ni los balances de fin de año- aparecían y desaparecían los millones. Hasta se podrían haber puesto a plazo fijo en un banco sin que nadie se hubiera dado cuenta de nada, cosa que la Policía ha descartado. Pero se podía.
Donde no debía
Pero si el incumplimiento durante tantos años de la obligación de separar avales y dinero fue causa directa del robo, más lo es el hecho de que fueran los cajeros los que se encargaran de custodiar el dinero en vez de hacerlo una entidad bancaria, como ya se hace y se debió hacer hace años.
Lo que ha quedado claro en la comparecencia ante el Tribunal de Cuentas es que había sido solicitado por el interventor y por la tesorera, pero lejos de hacerlo, el Gobierno municipal aprobó en Pleno que fueran los cajeros los que se encargaran del dinero. Y además, para mantener la acusación sobre ellos el Gobierno municipal pone como prueba de la responsabilidad de los funcionarios precisamente la Relación de Puestos de Trabajo aprobada para perpetuar el anómalo sistema.
Al parecer, lo que para el interventor y la tesorera era algo impropio, para el gobierno municipal era una ventaja puesto que así podía hacer frente a gastos de dietas y otras necesidades perentorias sin necesidad de gestionarlo en la entidad bancaria encargada de la Caja. Motivo además por lo que la ex delegada de Hacienda quiso reabrir la Caja el día 2 de abril de 2009, al día siguiente de la detención de los ex cajeros.
Son esos dos detalles conocidos esta misma semana -o mejor dicho, matizados esta misma semana por el fiscal del Tribunal de Cuentas- los que dan otra dimensión al desfalco de la Caja municipal de San Fernando, sin perjuicio del proceso penal. Dos detalles que certifican que el robo se pudo haber evitado o al menos no poner esa posibilidad en bandeja de quien se haya llevado el dinero.
Socialistas de Cádiz
La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Isabel Armario, ha reprochado al alcalde de San Fernando, José Loaiza, “su actitud pasiva, muy lesiva para los intereses de los isleños” que ha mantenido durante todo el procedimiento seguido desde que en 2009 se descubriera el escándalo de la Caja municipal de San Fernando.
Armario considera una “incongruencia descomunal” que el Ayuntamiento, junto a la Fiscalía, considere responsable subsidiario de las graves negligencias al ex alcalde andalucista, Manuel María de Bernardo y Loaiza lo mantenga dentro del equipo de Gobierno.
La dirigente socialista critica que la demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas - que ha quedado vista para sentencia- no atiende a los intereses de los ciudadanos ya que tanto los cargos políticos como el interventor y la tesorera también deberían ser considerados responsables directos. “Loaiza ha agachado la cabeza una y otra vez y ha permitido que al final se minimicen las responsabilidades del resto de implicados, sobre todo del ex alcalde, Manuel María de Bernardo”, señala para reafirmarse en que “todos deberían de ser considerados responsables directos y responder por la cuantía total”.
Recuerda que en la demanda se reconoce que no se hicieron arqueos ordinarios desde 2002 a 2007, que los extraordinarios recogen irregularidades, que las elevadas cifras que se firmaron no alertaron a nadie, a pesar de que todos conocían el desfase y fue esa absoluta falta de control, la consecuencia decisiva para que se produjera el robo. “Los responsables técnicos y políticos mostraron una actitud lesiva para el Ayuntamiento y deberían de responder de forma directa por ello”, apostilla.
Del mismo modo, ha criticado las cantidades que se reclaman en la demanda, “pírricas” en el caso de los ex alcaldes andalucistas, cuando son, a su juicio, responsables de la negligencia total en el área de Hacienda que permitió el desvío del dinero.
“Un alcalde que estuviera interesado en recuperar el dinero y velar por los intereses de los ciudadanos, nunca aceptaría reclamar sólo estas cantidades”, y emplaza a Loaiza a que “se concentre de ahora en adelante en conseguir que se reintegre el dinero”. “Loaiza se lo debe a los isleños que son los principales perjudicados del desvío de un dinero que debería de haber servido para mejorar su ciudad”.
Ciudadanos
Tras las declaraciones de la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, en las que pide al alcalde de San Fernando que rompiera con el partido andalucista, cesando al ex alcalde Manuel de Bernardo, el Grupo Municipal Ciudadanos por la Isla invita a la agrupación del PSOE isleño a que secunde la iniciativa, y se pregunta por qué no lo ha hecho ya.
Ciudadanos recuerda que su grupo municipal ha realizado la misma petición en varias ocasiones, a través de numerosas notas de prensa, e incluso lo ha llegado a pedir en el Pleno Municipal, especialmente cuando el Ayuntamiento formuló su demanda ante el Tribunal de Cuentas.
“Esta propuesta nunca ha sido secundada por PSOE e Izquierda Unida, que han guardado un silencio sepulcral sobre la exigencia de Ciudadanos de materializar las responsabilidades políticas al Partido Andalucista derivada del desfalco en las cuentas municipales, en un intento de nadar y guardar la ropa”.
Pero ahora, es la agrupación del PSOE en Cádiz la que desautoriza la actitud de la agrupación socialista en San Fernando, exigiendo la toma de decisiones por la Alcaldía de esta ciudad.
Por todo ello, el grupo municipal Ciudadanos por la Isla exige nuevamente la adopción de responsabilidades, e invita por enésima vez al resto de la oposición municipal a que tome la misma decisión, “por el interés general de la ciudad, la coherencia del ejecutivo local y la credibilidad ante la población”.
