El parlamentario andaluz y coordinador federal de la Organización Sectorial de Educación, Francisco Menacho, ha calificado hoy en rueda de prensa de “ataque feroz” a la enseñanza pública la reforma educativa aprobada por el Gobierno del PP y ha incido en que se trata, además, de un “hachazo económico” a las transferencias de las Comunidades Autónomas, con la eliminación de programas como la gratuidad de los libros de textos, los comedores escolares o los recortes en becas. De hecho, añadió que más de 5.000 estudiantes se han visto afectados por el aumento de los requisitos académicos que ha impuesto el Gobierno del PP para la obtención de becas, a lo que se suma la imposición de unas tasas académicas que “afortunadamente no se están notando en Andalucía, porque hemos actuado para contrarrestar el ataque económico que está sufriendo la enseñanza pública”.
El parlamentario incidió en que la nueva ley educativa (LOMCE) “nace muerta”, porque no ha tenido consenso ni de los partidos políticos, de la comunidad educativa ni del Consejo de Estado y avanzó que el Gobierno andaluz ya ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional “porque invade competencias del Estatuto del Autonomía y va en contra de algunos artículos de la Constitución”, con lo que advirtió que se trata de una normativa que va a tener “poca vigencia”. De igual forma, destacó que es una ley que beneficia a la enseñanza privada en perjuicio de la pública y va a permitir que los ayuntamientos puedan ceder terrenos públicos para la construcción de centros privados o concertados, además que ampliar los conciertos con los centros de tres a seis años y permitir la segregación en centros concertados. Menacho recalcó que se trata de una normativa que supone una vuelta atrás a los años 60 y que pone más barreras a los estudiantes, con la implantación de reválidas y pruebas de acceso a la Universidad que no existen actualmente, “lo que provocará más fracaso escolar, más dinero y desconfianza hacia el profesorado porque va a ser un profesorado externo el que evalúe al alumno”. Además, recalcó que la normativa acaba con las competencias autonómicas, ya que es el Estado el que realizará el control sobre el currículum del alumno. Criticó también que no se les dé participación a los padres en los consejos escolares, “ya que pierden competencias y se convierten en un mero órgano consultivo”.
El parlamentario socialista puso en duda que esta normativa tenga vigencia debido a los recursos económicos que se destina a las Comunidades Autónomas, ya que el Gobierno sólo destinará el 30 por ciento de los 1.300 millones de euros previstos para su aplicación, mientras que el resto lo tendrán que poner las autonomías, por lo que incidió en que hay argumentos suficientes para rechazar esta normativa.
Francisco Menacho criticó que se imponga la Religión como asignatura evaluable con la misma validez que otra asignatura para la obtención de título y para las becas. Al tiempo, rechazó que se desaparezca la asignatura Educación para la Ciudadanía, “por lo que seremos el único país europeo donde no exista una asignatura relacionada con derechos y valores cívicos y de convivencia”.
Por todo ello, concluyó que “existen motivos sobrados para recurrir esta normativa ante el Constitucional, porque es una ley que nos preocupa y que lo único que hace es darle la vuelta a la educación desde el punto de vista ideológico”. Rechazó que la excusa del PP para promover esta reforma sea el fracaso escolar y optó por corregir “todo aquello que no funcione, pero en ningún caso poniendo más obstáculos para los alumnos, favoreciendo a la enseñanza privada y, sobre todo, elaborando una ley ideológica que ha conseguido poner en contra a todos los sectores educativos, partidos políticos, sindicatos y Consejo de Estado, salvo a la Conferencia Episcopal que es la que ha puesto su impronta”.
Por su parte, la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, dijo que el rechazo más contundente a esta normativa se demostró con el seguimiento que tuvo la huelga protagonizada por los estudiantes y la comunidad educativa la semana pasada, donde quedó claro la oposición a una reforma que vulnera el derecho universal a la educación.
Tras la rueda de prensa, Francisco Menacho y Miriam Alconchel participaron en un encuentro con colectivos educativos en la sede del PSOE de Jerez para abordar los efectos de la LOMCE.
