El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Manuel Cárdenas, ha considerado este lunes que los casos "dramáticos" que han propiciado que se inicie el procedimiento de expropiación temporal de uso de las viviendas situadas en las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda deberían servir al Gobierno para ver que la Ley 4/2013 de Función Social de la Vivienda "no sólo es constitucional, sino que sirve para ayudar a la gente y, por tanto, no la puede volver a recurrir".
Así lo ha indicado, Manuel Cárdenas (IU), quien ha vuelto a pedir al Ejecutivo que se siente con la Junta en la comisión bilateral para "disipar o dirimir cualquier cuestión o duda que haya que resolver en relación con esta ley".
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, recoge este lunes el anuncio por el que se somete a información pública el expediente, "con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios" conforme a dicha Ley.
Detalla Cárdenas que el caso de El Puerto también afecta a una pareja en paro con dos hijos menores de edad, con la diferencia de que reciben la ayuda de 426 euros mensuales. Apunta que tanto en un caso como en el otro, "Unicaja les ha negado el alquiler social".
"Por familias como estas actuamos y por eso merecen la pena las leyes que van en favor de la gente", ha dicho el delegado territorial, que entiende que el Gobierno central no puede volver a recurrir esta ley. Asimismo, argumenta que "no se puede hablar de recuperación de la economía mientras haya gente que está sufriendo".
Añade que esta ley es una muestra de "la política entendida como estar al servicio de la gente que más lo necesita y nos da fuerzas y nos ayuda a convencernos cada vez más de que estamos haciendo lo correcto en política de vivienda". Igualmente, ha reprochado a las entidades financieras que "se nieguen a dar el alquiler social a estas familias y sigan acudiendo a los lanzamientos y los desahucios".
Finalmente, Cárdenas ha señalado que los dos casos que recoge este lunes el BOJA forman parte de los 16 expedientes de expropiación temporal de uso de la provincia gaditana que anunció recientemente que se estaban tramitando por cumplir los requisitos legales establecidos para ello.
