La concejal delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Lola De Pablo-Blanco, ha defendido la decisión de renunciar a 428.000 euros de las ayudas autonómicas a las que tenía acceso el Consistorio en el marco del refuerzo de la ayuda a domicilio del Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, incluido en el decreto de Lucha contra la Exclusión Social. La concejal ha encuadrado esta decisión en la "imposibilidad de una ejecución completa del Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio".
"Espadas demuestra desconocer profundamente la estructura de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla y la legislación sobre contratos administrativos, mezclando la economía producida por la baja en la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio con fallos de gestión", dice la concejal sobre las críticas del PSOE a este respecto.
Para ella, "el PSOE trata de confundir una subvención de la Junta para la ejecución de un programa concreto, con unas reglas muy restrictivas, con el procedimiento público de adjudicación de contratos, obviando a propósito que la actuación de la Junta ha sido por y para los ayuntamientos pero sin los Ayuntamientos".
Así, Lola De Pablo-Blanco ha explicado que "con respecto al Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio que prevé el aludido Decreto-Ley, el Ayuntamiento de Sevilla lo puso en marcha en el mes de julio, con independencia de que la Junta anticipara las cantidades"; y ha resaltado que "todo ello con los criterios restrictivos que se señalaban en dicha norma, como su finalización el 31 de diciembre de forma improrrogable, a pesar de haberse solicitado en reuniones a la Junta de Andalucía la prórroga del programa".
Asimismo, la delegada de Familia Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación ha comentado que "por este carácter improrrogable, la Junta de Andalucía, conocedora de las imposibilidad de su completa ejecución, ofreció la posibilidad de renunciar anticipadamente a todos los Ayuntamientos andaluces para no gravarnos aún más con los intereses de demora que se devengarían por el solo hecho de haber incluido unas cantidades en un anexo, sin estudio previo sobre su viabilidad real".
De esta manera, De Pablo-Blanco ha resaltado que "el señor Espadas ignora las normas de gestión del Programa, y que, además de la conformidad de los usuarios, requiere de una intervención por los trabajadores del servicio que la que la Junta recortó en un 50 por ciento, y eso no lo dice". Con respecto a los servicios sociales municipales, De Pablo-Blanco ha recordado que "el Gobierno de Zoido está apostando muy fuerte por ellos, como lo prueba el que fueran aprobados por la Junta de Gobierno Local como servicios esenciales, por lo que se produce una cobertura de todas las vacantes que se produzcan en los mismos con carácter inmediato"; y ha añadido que "en absoluto hay desmantelamiento, ya que la Junta de Andalucía es la única que recorta el personal de los Programas, y un Decreto-Ley como el de Exclusión Social que no esté acompañado de refuerzo de personal es de imposible ejecución, por lo que tendrán que replanteárselo para el próximo año".
Por último, Lola De Pablo-Blanco ha recordado a Espadas que "a día de hoy, la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Sevilla es de 16.456.352,92 euros, una cantidad que ha anticipado el Ayuntamiento para que el servicio se continúe prestando y los trabajadores de la empresa adjudicataria sigan cobrando su nómina todos los meses, cuando en realidad los ayuntamientos no tendrían que financiar en absoluto este servicio".
