El Gobierno del ex presidente George W. Bush comenzó a utilizar el término “combatientes enemigos” para referirse a presuntos terroristas capturados tras los atentados del 11-S.
En una orden ejecutiva y para no aplicarles las leyes estadounidenses, el Gobierno de Bush creó el centro de detención de Guantánamo (Cuba), lo que supuso su confinamiento sin cargos y de manera indefinida.
Sin embargo, en documentados presentados ante un tribunal federal, el Departamento de Justicia indicó ayer que, pese a que no usará el término de “combatientes enemigos”, el Gobierno de Obama mantendrá su facultad de retener a los reclusos en Guantánamo en virtud de una autorización aprobada por el Congreso en septiembre de 2001.
Esa autorización permitió “el uso de la fuerza contra naciones, organizaciones o personas que el presidente determine que hayan planeado, autorizado, cometido o ayudado en los ataques de S-11”, indicó.
Los documentos señalaron que “el Gobierno no se atribuye la autoridad de retener personas en base a un apoyo insignificante” a organizaciones terroristas como Al Qaeda o los talibanes.
En Guantánamo aún permanecen alrededor de 240 presuntos terroristas y el Gobierno de Obama ha prometido cerrar ese centro de detención en un año.
La mayoría de los detenidos fueron capturados en las operaciones militares que Estados Unidos ha llevado a cabo en Afganistán y en Irak tras el 11-S.
Los documentos que aclaran la posición del Gobierno fueron presentados ante el tribunal en respuesta a una demanda de Shafiq Rasul, Asif Iqbal, Rhuhel Ahmed y Jamal Al-Harith, ciudadanos británicos en fueron enviados a su país en 2004.
Los cuatro acusan a las autoridades militares de la base naval de EEUU en Cuba de haberlos sometidos a diversos tipos de tortura, incluyendo hostigamiento religioso.
La demanda fue presentada contra el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el general retirado Richard Myers, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de EEUU.
