El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huelva lamenta que el alcalde y su equipo de concejales “les dé la entrada de año a los onubenses con una subida del agua abusiva, injusta e inmoral”. El portavoz socialista, Gabriel Cruz, ha denunciado que Rodríguez “no rectificase ante un hecho que va en contra de los ciudadanos y que no beneficia a nadie, tan sólo a la empresa privada”.
Así, “por si fuera poco que los onubenses seamos los ciudadanos con los impuestos más altos de España, se nos sube el agua un 4,1% más”. Se trata de la quinta subida en tres años, “que ha llevado la factura de este bien básico a un encarecimiento del 70%”. En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que el alcalde “ha perdido completamente de vista cuál es su papel. Es el alcalde de los vecinos de Huelva y, como tal, nunca debió alinearse con los intereses de Aquagest”. Por ello, Cruz ha asegurado que el primer edil “ha hecho dejación de funciones, aprobando una subida de un 4,1 % en la factura del agua rechazada por 10.000 ciudadanos, las dos asociaciones de vecinos y las organizaciones de consumidores FACUA y UCE”.
“Lo más grave –ha indicado el portavoz- es que Rodríguez haya ido en contra de los onubenses a toda costa, aprobando una subida que, presumiblemente es ilegal”. Así, “ha seguido adelante a pesar de los reparos del interventor municipal, que alertaba de falta de información en los informes presentados, además de irregularidades y falta de justificación”. Ante la seguridad del grupo socialista a la irregularidad del incremento, “vamos a recurrir por lo contencioso administrativo”.
Gabriel Cruz ha señalado que “se agota la vía administrativa porque no tiene sentido seguir debatiendo el agua en el Pleno. El alcalde ha dejado muy claro el lado en el que está. Ya es cosa de los tribunales”. Según el portavoz, “hay suficientes fundamentos jurídicos para declarar anulable la subida y que los ciudadanos puedan recuperar lo que se les ha quitado injustamente”.
Finalmente, el socialista ha apuntado que esta denuncia “no afecta en ningún caso al Ayuntamiento. Tan sólo a la empresa privada, que tendrá que responder a las devoluciones en el caso de que la sentencia declare ilegal la subida del agua”.
