La Cámara de Cuentas de Andalucía alerta de "posibles responsabilidades administrativas y contables" en las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional y, en concreto, de una ayuda excepcional de 8,9 millones para el plan formativo de los extrabajadores de Delphi.
En un informe de fiscalización, la Cámara explica que esas responsabilidades se derivan, entre otras irregularidades, de la ausencia de justificación de subvenciones nominativas a la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (FAFFE) por casi nueve millones para la cuarta fase del plan formativo de los extrabajadores de Delphi en Puerto Real (Cádiz).
Según los auditores, no se justifica el carácter excepcional de dicha subvención al no existir bases reguladoras para la misma finalidad, y tampoco consta la memoria de actividades, el listado de alumnos participantes ni el informe del auditor, entre otras deficiencias.
Tampoco se respetan las normas reguladoras en la concesión de unas becas por asistencia y gastos de transporte para los extrabajadores de Delphi a raíz del cierre de la fábrica.
Igualmente, se derivan responsabilidades administrativas y contables en las subvenciones para la formación para el empleo del SAE en los años 2009 y 2010 por la concesión de ayudas por encima de lo permitido, la modificación de las resoluciones por un órgano no competente y la imputación como subvencionables de gastos que no lo son, entre otros
Precisamente, en este último caso se encuadran los créditos nominativos a UGT y CCOO destinados a las infraestructuras para la formación, que ascendieron a 1,3 millones en 2009 y a 2,6 millones en 2010.
Igualmente, a la FAFFE se le concedieron 24,5 millones en subvenciones nominativas en 2009 y 24,3 millones en 2010 sin "justificación alguna" y, además, parte de los cursos no se han iniciado o están pendientes de finalizar, según el informe.
En sus conclusiones generales la Cámara de Cuentas destaca que el SAE no dispone de un documento de planificación, ni un plan de evaluación de los planes formativos para valorar su eficacia y calidad, no se suelen cumplimentar los cuestionarios de evaluación de los cursos por parte de los alumnos y formadores, ni elabora informes de inserción o de impacto previstos en la normativa tras finalizar los cursos.
La Cámara ha examinado una muestra de 78 expedientes por importe de 279,5 millones, representativa del 37 % del importe total concedido en 2009 y 2010.
A pesar de que la ley general de subvenciones contempla la concurrencia competitiva como norma general para conceder ayudas, el 89 % en 2009 y el 36 % en 2010 se concedieron sin concurrencia a los agentes sociales, lo que fundamenta el SAE en "razones de interés público y social".
En este sentido, ha apuntado que los convenios suscritos con los agentes sociales en 2009 y 2010 par la formación a desempleados están recurridos y el SAE "manifiesta no tener constancia", y recuerda que hay dos sentencias firmes del Supremo que declaran nulos en ese sentido.
Además, la Cámara de Cuentas resalta que no hay una planificación única y coordinada para toda la comunidad autónoma de la oferta formativa dirigida a desempleados, que sólo el once por ciento de los cursos subvencionados conduce a la obtención de certificados de profesionalidad y que no están incluidos en el fichero andaluz de especialidades.
Igualmente, la mayoría de las subcontrataciones de la actividad formativa se concede por silencio administrativo, por lo que en el 85 % de los expedientes no consta que se cumplan los requisitos.
