Las familias que ocuparon varias de las 220 viviendas protegidas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, rebautizado como Nuevo Amate, han visitado este viernes el Consistorio para reclamar el compromiso del Gobierno local en cuanto a la retirada de la denuncia promovida en su contra, a cuenta de la usurpación de los pisos. Después de que el Gobierno municipal haya ceñido dicho extremo a la retirada de la denuncia formulada por los familiares de estas personas contra la Policía Local, el colectivo ha accedido a desistir de tales acciones judiciales.
Mientras varios miembros del colectivo de familias, acompañados del abogado Luis Duarte, visitaban el Ayuntamiento para intentar entrevistarse con el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), el portavoz del Gobierno municipal, el concejal del PP Curro Pérez, ratificaba en rueda de prensa la decisión de retirar la denuncia, extremo anunciado en el pleno por el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez. No obstante, ha recordado que en el asunto pesa también una denuncia contra la Policía Local a cuenta de los rigores del cordón policial desplegado en torno al bloque de viviendas.
En ese sentido, ha explicado que Emvisesa retirará su denuncia contra las familias una vez sea retirada la denuncia formulada contra la Policía Local. Es necesario, a su juicio, renunciar "a todas las denuncias de este caso" para que "el asunto quede sin denuncias". Minutos más tarde, y a los pies del Ayuntamiento, el abogado Luis Duarte ha explicado a Europa Press que los miembros del colectivo de familias no han logrado entrevistarse con el alcalde, siendo recibidos por contra por el Grupo socialista.
DESISTIR DE AMBAS DENUNCIAS
De cualquier modo, ha explicado que la denuncia señalada por el Gobierno local y dirigida contra la Policía Local fue formulada "por dos familiares" de las personas que protagonizaron esta ocupación y no por los propios autores de los hechos. No obstante, ha asegurado que entre este viernes y el próximo lunes, será retirada la denuncia en cuestión al objeto de que Emvisesa haga lo propio con la suya y el conflicto muera al menos por lo que la vía judicial se refiere.
El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla.
Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, el pasado mes de septiembre sólo 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, porque buena parte de este colectivo de ciudadanos no ha ejercido su derecho a habitar estas viviendas y optan por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas.
Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto, cinco familias accedieron a varias de las viviendas protegidas actualmente desocupadas en esta promoción, pero sin contar con relación contractual alguna con los pisos. Emvisesa, como titular de las viviendas, denunció la usurpación de las mismas e inmediatamente después fue desplegado un cordón policial que cosechó diversas críticas a cuenta de sus rigores y restricciones. Las familias abandonaron las viviendas después de que la denuncia de Emvisesa se tradujese en su imputación por un presunto delito de usurpación con el correspondiente llamamiento judicial.
