El Consejo de Estado considera "excesivo" que el Gobierno hable de racionalización del sector público en su proyecto de ley para reducir organismos dado que "sólo se refiere a la Administración del Estado" y "su alcance objetivo no es tan amplio como la voz 'racionalización' evoca".
Así se recoge en el informe que el órgano consultivo ha elaborado sobre el proyecto de ley de racionalización del sector público y otras reformas de reforma administrativa que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de enero para implantar algunas de las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA).
Precisamente este lunes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, presentan en Moncloa a varios gobiernos europeos la reforma de la Administración Pública que se está implantando en España e intercambiarán experiencias con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas.
El Ejecutivo presentó el pasado junio este proyecto para reordenar el sector público institucional "en el marco del esfuerzo por asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad y eficiencia del sector público". La aplicación de las 218 recomendaciones de la CORA supondría un ahorro de 6.500 millones, según avanzó entonces Sáenz de Santamaría.
En el dictamen del órgano consultivo que preside José Manuel Romay Beccaría, al que tuvo acceso Europa Press, también se critica la exposición de motivos del proyecto, aconsejando "aligerar la redacción" porque describe "de manera profusa y extensa" reformas ya realizadas y sobran "referencias innecesarias".
"Algunos párrafos no se corresponden estrictamente con el articulado --señala--. El contenido de la exposición de motivos, por su grado de descripción, se corresponde más bien con el de la memoria del análisis de impacto normativo".
LOS REAJUSTES SE 'CEBAN' CON LOS ORGANISMOS SOCIALES
El Consejo de Estado cuestiona especialmente que los reajustes previstos por el Gobierno en los organismos públicos "se concentran entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de las políticas sociales" y apunta que "sería conveniente velar" por que tales reformas no comporten "una minoración" del cumplimiento de la labor social que tienen asignada.
Ese 'guante' lo recoge el sindicato CSI-F, que en un comunicado recogido por Europa Press, anuncia que "se mantendrá vigilante para que la supresión de organismos no suponga la pérdida de empleos, tal y como nos han trasladado los responsables de los diferentes departamentos afectados, y para que no se vea mermada la prestación de los servicios y políticas afectados por esta reforma, en ámbitos como la protección de los consumidores, la salud de la mujer, la juventud, la evaluación de la investigación, las universidades o el Plan Nacional sobre Drogas".
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios consideran que "el contenido del proyecto de Ley es decepcionante porque no afronta una reforma integral que garantice el futuro y la viabilidad de las Administraciones Públicas y no recoge ninguna medida que favorezca a los empleados públicos, pese a que son garantes y principales actores en la prestación de los servicios que reciben los ciudadanos".
LOS ORGANISMOS AFECTADOS SON CASI ANECDÓTICOS
A su juicio, "el Gobierno realiza fusiones y supresiones muy puntuales y sesgadas de organismos y pierde la oportunidad de hacer la reforma integral que necesitan las Administraciones Públicas". "Los organismos afectados por este proyecto tienen una función muy pequeña en relación con el conjunto de las administraciones públicas, algunos incluso que podíamos calificar de anecdóticos", sostiene.
Según CSI-F, "el Gobierno debería haber realizado un catálogo de servicios públicos para discriminar lo importante de lo accesorio en el gasto público", y también reclama "un plan de recursos humanos para determinar las necesidades reales de personal en todos los ámbitos de las administraciones públicas y reforzar las plantillas allí donde sea necesario con convocatorias de empleo público".
El sindicato ya avanza que iniciará una ronda con los grupos parlamentarios para que, en el trámite parlamentario que ahora se inicia en el Congreso de los Diputados, se incluya en la norma esta disposición.
