La Junta de Andalucía articuló el pasado año el conocido como Decreto contra la Exclusión Social, una medida que buscaba dar empleo a los parados que estuvieran en peor situación (mayores de 45 años, de larga duración, con cargas familiares...) Los ayuntamientos serían los encargados de ejecutar el programa mediante los servicios sociales municipales.
Ahora que ese decreto ya ha sido ejecutado, los beneficiados vuelven a estar sin empleo y, por lo tanto, en apuros. Algunos de estos desempleados comenzaron, acto seguido, una serie de reivindicaciones para lograr más contratos. Sin embargo, hay un problema: habrá que esperar a que la Junta de Andalucía elabore una nueva convocatoria para este año.
Mientras tanto, estas personas siguen sin trabajo y no entienden por qué no se les hace otro contrato. Ellos no entienden de decretos, de que es competencia de la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento de Cádiz es quien lo pone en práctica.
Es aquí donde la confusión juega un factor importante, un hecho que permite poner en práctica aquello de “a río revuelto ganancia de pescadores”.
Y es que pese a que la elaboración del decreto corresponde a la Junta de Andalucía, VIVA CÁDIZ ha podido saber por fuentes del colectivo de parados, que PSOE de Cádiz les ha instado a ir a protestar al Ayuntamiento para reclamar algo que en realidad es competencia del Gobierno andaluz ya que hasta que el ejecutivo autonómico no ponga en marcha un nuevo decreto el Consistorio no podrá hacer más contratos. Pero el asunto no queda aquí. Estas fuentes han confirmado que las pancartas con las que hoy tienen previsto protestar al Ayuntamiento de Cádiz, ahora en paro, fueron a recogerlas a la Casa del Pueblo, la sede local del PSOE de Cádiz en la calle Gaspar del Pino. Alguno que otro miembro de este colectivo especulaba con la posibilidad de que incluso fueran los mismos socialistas los autores de dichas pancartas.
¿Manipulación, utilización, engaño, manejo? Por las indicaciones a los parados parece que se está utilizando el fin de las contrataciones propiciadas por el Decreto contra la Exclusión Social como arma política para culpar al actual equipo de Gobierno de una responsabilidad que es de la propia Junta.
