La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de siete años de prisión para el exalcalde Pedro Pacheco, por las irregularidades cometidas en el proceso de venta de la antigua estación de autobuses. Según el escrito de acusación, el actual líder de Foro Ciudadano incurrió en presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude a la administración y falsedad en documento oficial en concurso medial con el delito de estafa.
Además de esos siete años de prisión, la Fiscalía solicita una multa de 5.760 euros y su inhabilitación para ejercer como concejal o cualquier otro cargo que implique su participación en el Gobierno municipal por un periodo de seis años.
También se solicita una pena de prisión de siete años para el entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa), Miguel Ballesteros; mientras que para los promotores José Luis López y Francisco Chávez se piden seis años; y para sus “hombres de paja” Joaquín López, Ángel Monereo y Vicente Cervera, esa pena se rebaja a tres años de prisión.
Estos últimos aparecían como titulares de las otras dos empresas que presentaron ofertas para comprar la estación, si bien la investigación ha acreditado que esas sociedades estaban controladas por José Luis López y Francisco Chávez.
Todos los encausados deben además indemnizar de manera conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Jerez con la cantidad de 1,6 millones de euros, que es el dinero que la Fiscalía entiende dejó de percibir el Consistorio como consecuencia de la “venta fraudulenta” de la finca.
En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que todos ellos se “concertaron” para “beneficiar de manera arbitraria” con bienes públicos a una determinada sociedad, causando un perjuicio económico a la propia administración.
El plan de beneficiar a esa sociedad se hizo “con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública” y en perjuicio del “interés general”, evitando “la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros en términos de igualdad e impidiendo a éstos la posibilidad de obtener el contrato”.
Todo ello supuso un “grave perjuicio” al patrimonio público, ya que la antigua estación de autobuses se vendió en 2,7 millones de euros cuando su valor real de mercado “nunca podría ser inferior” a 4,4 millones.
El 'pelotazo' fue inmediato
Además, transcurridos únicamente tres meses y 22 días de la venta, que se llevó a efecto el 1 de marzo de 2006, la empresa Ingeniería Jienense S.L., de José Luis López y Francisco Chávez, transfirió la propiedad de la finca -previamente troceada- por 1,8 y 1,3 millones de euros, según consta en las correspondientes escrituras, si bien conviene reseñar que las entidades bancarias que otorgaron los correspondientes préstamos hipotecarios tasaron los inmuebles en 4,2 y 3,8 millones de euros, lo que eleva a 8,1 millones el valor real de la propiedad que Emusujesa había vendido por 2,7 millones.
Según la Fiscalía, los entonces primer teniente de alcalde y gerente de Emusujesa, Pedro Pacheco y Miguel Ballesteros, respectivamente, “de común acuerdo y guiados por el ánimo de favorecer de manera arbitraria” a los promotores José Luis López y Francisco Chávez, “realizaron los actos administrativos necesarios para que el inmueble fuese adjudicado a Ingeniería Jienense S.L., de la que eran “verdaderos titulares”.
Para conseguir este propósito “se aprovecharon de la posición” que entonces tenían en Emusujesa, lo que les llevó a “idear, preparar y desarrollar las actividades administrativas necesarias para dirigir el procedimiento administrativo de enajenación según su capricho”.
De este modo, el proceso se “disfrazó” bajo la apariencia de haber tomado una decisión de carácter político “cuando lo cierto es que no tenía otro sentido ni finalidad pública más que el favorecimiento arbitrario de una determinada empresa”.
El procedimiento “estuvo dirigido en todo momento por el vicepresidente de Emusujesa, el teniente de alcalde, Pedro Pacheco, quien tenía las competencias delegadas en la presente materia; y por el gerente de la empresa pública, Miguel Ballesteros”.
Para conseguir su propósito, Pedro Pacheco y Miguel Ballesteros lograron que el Ayuntamiento transmitiera la propiedad de la finca a Emusujesa para, a partir de ahí, y amparándose “en la necesidad imperiosa” de obtener liquidez, proceder a su venta.
Con el objetivo de dar apariencia de legalidad a la operación se “simuló” un procedimiento negociado en el que se presentaron tres ofertas supuestamente llegadas de otras tantas empresas, pero que realmente procedían de José Luis López y Francisco Chávez, que controlaban y administraban todas estas sociedades.
Finalmente se pidió a técnicos municipales que realizaran una valoración de la finca, pero no aclarando en ningún caso que la misma iba a ser vendida a particulares, sino a otra empresa municipal, lo que permitió que la compraventa se hiciera a un precio inferior al de mercado y previamente pactado con los promotores encausados.
