La Fiscalía de Huelva ha solicitado 5 años y medio de cárcel para el exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP), tres y medio de ellos por un delito contra la Hacienda Pública y los otros dos por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, recoge una petición para el exalcalde por ambos delitos de 303.000 euros de multa, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por periodo de tres años.
Junto a Orta también están imputados el que fuera su concejal de Urbanismo, Casto Pino, y A.G.V., economista de profesión y socio del exregidor en la empresa 'Taller de Finanzas S.L.'.
El fiscal considera al concejal responsable de un delito de cohecho por el que le solicita tres años de prisión y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años; además se enfrenta a un año y medio y multa de 600.000 euros por un delito blanqueo de capitales, y a cuatro años de cárcel y multas de 300.000 y 500.000 euros por dos delitos delito contra la Hacienda Pública.
Suma también la Fiscalía como en el caso de Orta la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años.
Por lo que respecta A.G.V. las penas solicitadas para él por el Ministerio Fiscal son las mismas que para Orta, su socio en la empresa.
En concepto de responsabilidad civil entiende la Fiscalía que Pino debe de indemnizar al Ministerio de Hacienda con 512.510 euros por la deuda tributaria no ingresada por el IRPF en los años 2003 y 2005; mientras que el exalcalde lo hará en la cuantía de 146.101,60 euros, por la cuota defraudada en 2004 y su socio en 180.826,95 euros por lo defraudado ese mismo año.
La causa es consecuencia de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por el empresario y ex militante del PP, Rafael Barroso, en la que acusaba a Orta y Pino del presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos, apuntando que a él mismo se le habían solicitado 300.000 euros para poder obtener una de ellas.
Por estos hechos, Orta, que ya no se dedica a la política, y Pino, fueron detenidos en abril de 2008 quedando posteriormente en libertad con cargos.
