El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, presidióen el Palacio Municipal la charla informativa dirigida a los emigrantes retornados a los que la Agencia Tributaria les ha abierto un expediente y sorprende con requerimientos y multas a causa de no haber declarado en su día las pensiones recibidas del extranjero desde 2008, que es el último año no prescrito, a pesar de que cuando en su día regresaron a España y consultaron a la Agencia Tributaria sobre sus obligaciones fiscales, la información facilitada por esta les aclaraba que estaban exentos de declarar en el IRPF las rentas de todo ejercicio anterior a 2011. En la reunión participaron la presidenta de la Federación Española de Emigrantes Retornados, Eva María Foncubierta, y el parlamentario socialista gaditano Francisco Menacho.
El alcalde de Sanlúcar, que ya acompañó el pasado diciembre a los emigrantes que se manifestaron ante la delegación provincial de la Agencia Tributaria y que también ha promovido una moción municipal en su apoyo, agradeció a Foncubierta y a Menacho su presencia en la ciudad para explicar una situación que afecta a alrededor de 4000 sanluqueños.
A juicio del alcalde, esta situación, junto al recorte de las pensiones, que cifró en torno a 33 000 los millones de euros que se van a “expoliar” a los pensionistas con la no revalotización de las pensiones, deja muy mal a un colectivo “que es el que está sustentando a muchas familias”. En el mismo sentido se refirió a los nuevos emigrantes, los jóvenes que están teniendo que salir de España en busca de trabajo “y que ahora se ven doblemente castigados porque se les quita la tarjeta sanitaria”. Por eso agradeció que en la ciudad se celebrase esta charla informativa.
Francisco Menacho explicó que el grupo socialista ha presentado proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados y en el Palamento pidiendo al Gobierno que sea “sensible con un colectivo que tuvo que abandonar su país y que trajo muchas divisas a España y al que no se le puede tratar como si fueran delincuentes, mientras a otros colectivos se les hace una amnistía fiscal”. Menacho cifró en unos 180 000 el número de andaluces afectados, unos 30 000 de ellos de la provincia de Cádiz.
Eva María Foncubierta, por su parte, dejó claro que el colectivo de emigrantes nunca se ha negado a pagar impuestos y a abonar sus deudas, aunque sí piden una mayor comprensión y flexibilidad por parte de la Administración Central tras su cambio de criterio, que tendría que verse traducida en el compromiso por parte de esta de ampliar los períodos de pago y las causas de aplazamientos. “No pedimos una amnistía fiscal como a las grandes fortunas”, dijo.
