Al menos 31 personas han muerto, 461 han resultados heridas y 1.854 han sido detenidas desde el pasado 12 de febrero, cuando estalló la ola de violencia en Venezuela en el marco de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según ha informado la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
La titular del Ministerio Público ha detallado que, del total de fallecidos, 25 son civiles y seis son miembros de la Guardia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (GNB y FANB), así como funcionarios de distintos niveles de gobierno.
Interrogada sobre el número de heridos, ha especificado --en una entrevista concedida este jueves a la Radio Nacional de Venezuela-- que 318 son civiles y 143 efectivos militares, policías y empleados públicos.
Ortega Díaz ha prestado especial atención a los 1.854 detenidos, explicando que solamente 121 permanecen privados de libertad, ocho de los cuales han confesado su culpabilidad, mientras que los demás --a excepción de 62-- están con medidas cautelares.
Ortega Díaz ha admitido que el Ministerio Público está investigando 52 casos de supuestas violaciones de los Derechos Humanos. A este respecto, ha negado las acusaciones recogidas por la prensa que apuntan a que las fuerzas de seguridad habrían obligado a los detenidos a comer excrementos.
"Nosotros, como garantes de la Constitución solicitamos a la juez del caso que emplazara a las personas privadas de libertad a dar la certeza de esa denuncia y que ordenara la práctica de un reconocimiento médico legal con un gastroenterólogo", ha añadido.
La fiscal general ha insistido en que "se hará "Justicia, no importa quién haya cometido el delito, porque será sancionado y castigado". "La mayoría de la población esta reclamando paz, hay un grupo que no lo quiere, y hay que aislarlo", ha dicho.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en el país iberoamericano se desató el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados.
Desde entonces, detractores y seguidores del Gobierno han marchado casi a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha ido un paso más allá, expresando su respaldo al Gobierno de Maduro y anunciando la creación de una comisión conformada por los ministros de Exteriores del bloque regional para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz.
