Un concejal del PP en el Ayuntamiento de Otura (Granada) ha presentado querella contra la actual alcaldesa de la localidad, la también 'popular' María Dolores Plata, por un posible delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, al supuestamente retrasar "deliberadamente y sin justificación real" su toma de posesión como edil, tras la renuncia de otro miembro de la corporación, no ofrecerle la titularidad de ningún área municipal y excluirle de la Junta de Gobierno Local.
Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al pasado 20 de mayo de 2013, cuando el entonces concejal Ignacio Pérez Cabrera presentó un escrito ante el Ayuntamiento renunciando a su cargo, siendo Plata alcaldesa en funciones.
Producida la renuncia y "conocedora" la alcaldesa de la existencia de la vacante y de la necesidad de cubrirla con el nombramiento como nuevo concejal del querellante, Agustín Porras, ésta "urdió un plan delictivo consistente en impedir su toma de posesión", retrasando "sine die, deliberadamente y sin justificación real" el proceso, comenzando con la toma de razón de la renuncia, y posterior petición de sustitución a la Junta Electoral Central, "en más de un mes de que se produjo la vacante".
A tal fin, según señala Porras en su denuncia, presentada ya ante los juzgados, "dilató" la convocatoria de pleno hasta el 27 de junio de 2013 en el que, en sesión ordinaria, se adoptó un acuerdo referente a la toma de conocimiento de la renuncia de Pérez Cabrera y la petición de sustitución a la Junta Electoral, que el 12 de julio comunicó a la corporación local la credencial acreditativa de designación de concejal de Porras, el siguiente en la lista de candidatos del PP en las elecciones municipales de 2011.
Una vez que recibió la credencial cuatro días más tarde, y firmada por Plata, Porras visitó al secretario del Ayuntamiento, para que le informase de la convocatoria de pleno para su toma de posesión como nuevo edil, pero éste le comunicó que no recibía la orden de la alcaldesa, a la que además le recordaba la necesidad de su tramitación cada vez que iba a visitarlo.
Así, no fue hasta el 18 de octubre de 2013 cuando, en sesión extraordinaria del pleno, Porras tomó posesión, lo que supuso el transcurso de más de cinco meses desde la renuncia del anterior concejal, y tres meses después de que la Junta Electoral Central comunicase a la corporación local la credencial acreditativa de designación de concejal. Todo, según el denunciante, por la "deliberada inactividad" de Plata, a quien el propio Porras ya le había remitido una carta un mes antes, el 26 de septiembre, manifestando su "desconcierto" e "indignación" por su actuación "opositora y obstructiva".
En definitiva, según consta en la querella, resulta "injustificada" la actuación de la alcaldesa, que "ha impedido el ejercicio del derecho fundamental" de Porras "a participar en los asuntos públicos", mediante la "no convocatoria de sesión plenaria del Ayuntamiento a los efectos de posibilitar" su nombramiento", lo que constituiría "un supuesto de evidente conculcación del derecho fundamental" del denunciante.
A esto se suma además que Plata le ha dejado "sin titularidad de Concejalía alguna" e incluso le ha excluido, por decreto de Alcaldía, de la Junta de Gobierno Local que se reúne cada quince días, "y sistemáticamente omite convocarle a todas las reuniones semanales que convoca como presidenta del grupo municipal del PP".
Todo lo anterior podría ser constitutivo de un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, según el querellante, que ejerce acción penal y civil contra Plata y que pide al juzgado que abra por tanto diligencias de investigación contra ella.
Plata tomó posesión como alcaldesa el 31 de enero de este año, en un pleno en el que precisamente Agustín Porras se ausentó, lo que motivó que la Junta Directiva Provincial del Partido Popular le abriera un expediente informativo.
La alcaldesa llegó al cargo después de que el anterior regidor, Pedro Cabanillas, dimitiera tras ser condenado por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada junto con su antecesor, Ignacio Fernández-Sanz, y dos exediles, por un delito de prevaricación en la operación relacionada con la compra por parte del equipo de gobierno de un solar a 300.000 euros para ampliar el Ayuntamiento de la localidad, pese a los informes técnicos desfavorables, y una tasación municipal muy por debajo de esa cantidad.
Fernández-Sanz había dimitido también como alcalde en octubre de 2012 después de cruzarse varias denuncias con su equipo de gobierno, aunque alegó motivos de salud y terminó dejando el PP, pasándose a la formación de 'Populares en Libertad', cuya presidencia provincial también dejó por razones personales.
