Poco después de que hubiesen transcurrido las primeras 24 horas desde que se llevara a cabo el desalojo forzoso de las familias de la Corrala Utopía, la Junta de Andalucía puso sobre la mesa una primera solución al conflicto: la Consejería de Fomento y Vivienda pondrá a disposición de los desahuciados seis viviendas sociales de su propiedad situadas en el municipio. Por contra, exigió al Ayuntamiento que “cumpla con la legalidad” y que entregue 16 de las 528 viviendas municipales públicas que mantiene vacías para “poder seguir dando cumplimiento al auto” (el relacionado con el desalojo) del juez, al objeto de que las familias “cuenten con lo necesario para no quedar en desamparo”.
Algo discutido por el Ayuntamiento, que ayer también mantuvo una reunión para tratar la problemática, y que, a través de su delegada de Familia y Asuntos Sociales, Dolores de Pablo, aseguró que “existe un registro de demandantes de viviendas que este Ayuntamiento no puede vulnerar”, unas normas dictadas por la Junta, que es la competente en la materia.
Así, De Pablos señaló que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda y que esa lista “no se puede saltar” y más cuando hay familias baremadas e inscritas en ese registro “con más necesidades” que la mayoría de las de la Corrala Utopía.
El Ayuntamiento también recordó que desde el inicio ha puesto todos sus medios a disposición de las familias, toda vez que siempre han sido rechazados, al igual que las alternativas de viviendas ofrecidas por Ibercaja (propietaria del edificio hasta ahora ocupado).
De su lado, el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, que fue quien trasladó a las familias la solución que por ahora puede aportar la Junta, informó que su consejería había inscrito en el registro municipal un documento en el que se detallan las obligaciones legales de ambas administraciones tras el auto judicial.
Cebrián, además, criticó la decisión sin “comunicación alguna” de la Delegación de Gobierno de realizar el desalojo cuando el acuerdo entre Junta, Consistorio e Ibercaja para reubicar a las familias “estaba casi ultimado”.
En tanto, las 22 familias afectadas -la Policía Nacional contabilizó sólo 12 desalojadas- indicaron ayer que mantendrán la acampada ante el Ayuntamiento hasta “que las administraciones ofrezcan una solución factible”, rechazando la reubicación en el albergue municipal, “un centro que está colapsado”.
