El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha reclamado este lunes a los poderes públicos una "desregulación" en materia legislativa para acabar con la "maraña" que provoca "trabas burocráticas" para emprender proyectos empresariales y que genera "inseguridad jurídica".
En un desayuno profesional organizado por el diario 'Ideal' en Granada, González de Lara, que ha reflexionado sobre la actividad empresarial en Andalucía, ha señalado que en la actual coyuntura económica "no podemos permitirnos perder un euro de inversión" por dificultades en la tramitación de las iniciativas emprendedoras.
Para el presidente de la CEA, se "atisban" los "primeros signos" de lo que "parece ser" la recuperación económica, "señales" que tras "casi siete años de dura crisis", que se han caracterizado, según ha recordado, por una "paralización" del desarrollo, pérdida de puestos de trabajo, y un "considerable desequilibrio" en las cuentas públicas, por lo que ahora "es tiempo de mirar al futuro" para "consolidar" esta "nueva tendencia". "Debemos ser consciente de que este panorama sólo será una realidad si se despejan las incertidumbres que aún pesan sobre nuestro maltrecho tejido productivo", ha dicho.
Las demandas en ese sentido por parte del empresariado son, por ejemplo, el acceso al crédito bancario, la reducción de la "excesiva regulación administrativa" y la "modernización del sistema de relaciones laborales" para propiciar el crecimiento económico.
González de Lara ha apuntado la "innegable capacidad económica" de Andalucía, y ha alabado la "capacidad de adaptación encomiable" de los empresarios de la comunidad, que han sobrevivido a esta dura crisis "como auténticos héroes anónimos". Ahora, para aprovechar las "ventajas competitivas" autonómicas, los empresarios necesitan "un entorno normativo" que favorezca la confianza, la inversión, y que conlleve beneficios para toda la sociedad.
Para ello, los poderes públicos "deben ayudar", deben "garantizar la estabilidad" generando así "seguridad jurídica". En este punto, ha incidido en que el pasado año el Estado aprobó un 26 por ciento más de leyes que en 2012, un total de 700 "nuevas normas de distinto rango", que, sumadas a las autonómicas, alcanzan la cifra de 13.000, lo que, a su juicio, es "insostenible". En ese sentido, ha abogado por "más que incrementar sin límite las leyes", simplificarlas, "aplicarlas debidamente" y "por supuesto hacerlas cumplir", con una desregulación.
El máximo responsable de los empresarios andaluces, que ha visitado por primera vez Granada desde que fuera elegido para el cargo, ha apostado además por "transformar" Andalucía "con un nuevo modelo de crecimiento" que conlleve la mejora de la productividad del tejido empresarial.
Como retos de futuro, ha considerado "necesario" un incremento del peso del sector industrial en la economía de la comunidad autónoma, hasta alcanzar el 20 por ciento del PIB; la aplicación de políticas "transversales" recuperando la inversión privada en I+D; la internacionalización de las estructuras productivas y empresariales de la región: y el impulso de desarrollo de empresas en sectores como los de la construcción, infraestructuras, turismo, sector alimentario, tecnológico, aeronáutico, del transporte o del medio ambiente.
Asimismo, ha nombrado otro reto "cualitativo" relacionado con el tamaño de las empresas, que "sí que importa", porque en Andalucía, según ha indicado, el tejido productivo está más centrado en la "microempresa", que en las pymes: "Hay que seguir apostando por las pymes porque han sido las grandes víctimas de la crisis y tienen que ser las protagonistas de la recuperación. Debemos propiciar su fortalecimiento a través de una mayor dimensión".
Por otro lado, y como desafíos "a corto y medio plazo", González de Lara ha reclamado "más empresas y más competitivas", la internacionalización del sector, "financiación estable" y una "administración pública transformada, redimensionada, austera y eficiente". Al hilo, ha incidido en la necesidad de "menos trabas burocráticas, baja presión fiscal y bajos costes sociales".
Finalmente, ha destacado que estas condiciones deben darse en un "adecuado" marco de la responsabilidad social empresarial, y ha apostado por recuperar el componente "moral" y la ética en el sector.
