La Fiscalía va a solicitar penas que oscilan entre los ocho años y los cuatro años y nueve meses de cárcel para los seis presuntos integrantes de una banda acusada de estafar unos cinco millones de euros a 80 empresarios en diferentes provincias "aprovechando la necesidad de financiación por la que atraviesa el sector empresarial español".
Los procesados simulaban supuestamente actuar en representación de entidades de crédito extranjeras solventes y les habrían hecho pagar a los empresarios necesitados de liquidez "elevadas cantidades" en concepto de "comisiones, gastos de tramitación o provisión de fondos".
Como parte de la trama "urdida", según el Ministerio Público, generaban en sus víctimas "la confianza en el buen fin de la operación" mediante la entrega "de forma mendaz" de efectos bancarios "carentes de valor" como los cheques emitidos por "una entidad bancaria sin licencia para operar y proveniente de un paraíso fiscal".
En su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal interesa para el presunto cabecilla de la trama, G.G., un ciudadano italiano de 78 años la pena de ocho años de cárcel ya que le imputa dos supuestas estafas en solitario, mientras que para su hijo, A.G., de 35 años, pide seis años de prisión por delito continuado de falsedad en concurso medial con uno continuado de estafa.
El resto de los acusados, entre ellos una mujer, se enfrenta a penas de cuatro años y nueve meses de cárcel por los mismos delitos y al pago de sendas multas de 12 meses a razón de 100 euros al día. El Ministerio Público solicita que devuelvan las cantidades defraudadas a las víctimas.
Según indica en su escrito, desde el año 2000, padre e hijo, "de común y previo acuerdo", y con la participación "intermediaria y consentida" de J.L.R.G., J.C.C., M.L.G. y R.V.G., "urdieron" una trama "aprovechando la necesidad de financiación por la que atraviesa el sector empresarial español y con evidente ánimo de enriquecimiento ilícito".
En esa trama, el plan era presuntamente "captar", a través de colaboradores e intermediarios, a empresarios para concertar "operaciones de préstamos que ofertaban a estos en condiciones más ventajosas que las entidades bancarias españolas" y lo hacían "simulando actuar en representación de entidades de crédito extranjeras solventes".
De este modo, les habrían hecho pagar supuestamente "elevadas cantidades en concepto de gastos de tramitación, de comisiones y provisión de fondos" y se habrían ganado su "confianza" y la "confianza en el buen fin de la operación" con la entrega de "efectos bancarios carentes de valor".
Según el Ministerio Público, así "obtuvieron elevadas cantidades de dinero a cuenta de las transferencias o los ingresos que los perjudicados hacían a sociedades intermedias". En concreto, cifra la cuantía total en unos cinco millones de euros y en, al menos, 80 los empresarios de provincias como Bilbao, Sevilla o Valencia a las que habrían estafado.
Los procesados se ofrecían presuntamente a través de empresas con las que "pretendían aparentar seriedad y solvencia comercial en disposición de lograr financiación a través de entidades bancarias o fondos de inversores extranjeros".
