Los dos empresarios imputados por los contratos del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) han pedido el archivo de la causa argumentando que no son funcionarios y que verse implicados en un caso tan mediático les causa un "deterioro social".
En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, los empresarios alegan que los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos imputados al alcalde José Luis Sanz (PP) y cuatro concejales de su partido no se les pueden atribuir a ellos puesto que no son funcionarios públicos.
Argumentan además que su empresa fue seleccionada legalmente para supervisar las obras del Plan E en Tomares y ella a su vez contrató al concejal Juan Campos porque era "la persona idónea, pues ya había realizado esas tareas y porque él inspiraba confianza al Ayuntamiento".
La juez de instrucción 8 de Sevilla ha decidido elevar al Tribunal Supremo esta causa por la posible imputación de José Luis Sanz, exsecretario general del PP andaluz y en la actualidad senador, por la contratación del concejal de su partido Juan Campos para presuntos servicios inexistentes después de que no saliese elegido en las elecciones de 2007.
Según la juez, Sanz podría ser imputado por los dos periodos en los que Campos trabajó para el Ayuntamiento: en el primero, entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, cuando recibió directamente una retribución del Consistorio, y el segundo, entre enero del 2010 y junio del 2011, cuando fue contratado por la empresa que trabajaba para el Ayuntamiento por orden, presuntamente, del concejal del PP Eloy Carmona.
Además del propio Campos, están imputados Eloy Carmona, concejal de Presidencia y portavoz del PP en la Diputación de Sevilla; la concejal de Urbanismo Pilar Domínguez y la actual responsable de Cultura Mercedes Fuentes.
Al contratar a Campos, la empresa consideró que inspiraba confianza al Ayuntamiento y se ahorraba el proceso de selección, dice en su recurso.
Los empresarios solicitan el archivo por falta de indicios delictivos y argumentan que el carácter mediático de esta causa provoca que "se vean injustamente sometidos a la penalidad de los juicios paralelos en los distintos medios de comunicación" y el mantenimiento de la imputación les causa "incertidumbres, gastos y un deterioro social que pueden calificarse como auténtica penalidad".
