El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera (Almería) ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra el exregidor de Carboneras (Almería) Cristóbal Fernández, así como contra los miembros que conformaron su equipo de gobierno (PSOE), imputados hasta ahora por presuntos delitos de prevaricación administrativa y desobediencia al declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico en el que se sitúa el polémico hotel de Azata del Sol.
El auto, consultado por Europa Press, atiende y valora la última sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 21 de marzo de este año en la que dictamina que el suelo sobre el que se asienta el hotel es urbanizable, y que así estaba calificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994.
El texto recoge así la sentencia de la Sala de lo Contencioso Sección Tercera del TSJA que resuelve el recurso interpuesto por la mercantil Azata del Sol contra el decreto que clasifica el subsector de El Algarrobico como 'D', que permite la urbanización del suelo, y que entra en conflicto con otra sentencia de la Sala de lo Contencioso Sección Primera que resuelve un recurso similar a favor de Greenpeace, y clasifica el mismo sector como 'C1'.
La juez señala así esta última sentencia que "otorga" a El Algarrobico "la clasificación de 'D' con una motivación similar a la de los imputados y a los técnicos que informaron el expediente" por lo que "no es coherente ni justo considerar que existe prevaricación ni desobediencia".
Por su parte, el Ministerio Público ha mostrado su conformidad con el auto y considera que ha de valorarse "necesariamente" la última sentencia que declara urbanizable el sector ST-1, si bien apunta que dicha sentencia "no es firme" por lo que "sería deseable que fuera revocada y que se confirmara la clasificación que efectúa la sentencia de 2012" pues, según la Fiscalía, "parece más rigurosa la argumentación de esta última sentencia que la de aquella".
"PECULIAR INTERPRETACIÓN"
El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, precisa así que pese a la "peculiar interpretación" que hizo el equipo de gobierno para otorgar en el pleno de 2009 un determinado grado de afección a la zona que permitía la urbanización, el último fallo "ha de influir en la valoración como delito de la conducta de los imputados al aprobar el PGOU" pues éstos "efectúan una interpretación similar a la de aquella --sentencia-- que otorga validez a una modificación de la planimetría que no fue publicada oficialmente".
En este sentido, añade que aunque el Ministerio Fiscal "continúa pensando, al igual que cuando interpuso la denuncia, que la aprobación del PGOU al otorgar al clasificar el sector del Algarrobico como 'D' es contraria al ordenamiento jurídico" el delito de prevaricación no puede considerarse acreditado a tenor del fallo que hace urbanizable el paraje.
La Fiscalía formuló denuncia contra Hernández en 2012 a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que consideraba que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el TSJA resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia.
Por otro lado, la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció además que el actual primer edil, el independiente Salvador Hernández, no había modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni había procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.
