Sindicatos ferroviarios ven "lejos de ser un hecho" la aplicación de las medidas para reforzar la seguridad que anunció en el Congreso de los Diputados la ministra de Fomento, Ana Pastor, quince días después del siniestro de Angrois, del que se cumple el primer aniversario el próximo jueves, 24 de julio.
El objetivo de ese listado era evitar otro accidente como el del tren Alvia que dejó 79 muertos y más de cien heridos hace ahora 12 meses. Al respecto, varios responsables del ministerio, desde su titular, Ana Pastor, en reiteradas ocasiones, hasta el subsecretario de Fomento, Mario Garcés, más recientemente, se han referido a la puesta en marcha --y en algunos casos finalización-- de la veintena de medidas anunciadas.
De hecho, este mismo viernes, el Consejo de Ministros aprobó por decreto un nuevo plan integral de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios que incluye un cambio en el seguro obligatorio de viajeros por el que se duplican las indemnizaciones para dichas víctimas.
En este ámbito, fuentes de Renfe han aportado a Europa Press los datos de trámite de indemnizaciones en firme a favor de las víctimas o accidentados a fecha del 8 de julio.
PAGADOS EL 70,22% DE LOS ANTICIPOS
El total, según apunta la operadora, supera los 6,29 millones de euros, de los que casi 4,52 millones corresponden al seguro obligatorio de viajeros --que gestiona Allianz, 4,44 millones por fallecimiento y 79.633 euros por secuelas-- y algo más de 1,77 millones responden a anticipos del seguro de responsabilidad civil --gestionado por QBE--.
Respecto a este último seguro, de los 80 fallecidos que contabiliza Renfe, a 10 de junio se ha solicitado la gestión de 55 anticipos (68,8%) y de los 145 casos restantes se han pedido 109 anticipos (75,2%).
Subraya Renfe, así, que han sido pagadas un total de 158 solicitudes de anticipo gestionadas (más de 1,77 millones de euros). "Sobre el total de casos, se han solicitado un 72,89% de anticipos, de los que el 70,22% ya han sido pagados", resume.
DUDAN DE LA EJECUCIÓN "REAL"
Sin embargo, portavoces de organizaciones como Semaf y el sector ferroviario de la CGT, consultados por Europa Press, ponen en duda el grado "real" de ejecución de las medidas de seguridad en las vísperas del primer año desde el trágico descarrilamiento en la curva de A Grandeira.
Así, el secretario general del Semaf, Jesús García Fraile, señala a cuestiones en las que "queda mucho por hacer" como las transiciones entre sistemas de seguridad, un trabajo que, según reconoció el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño González, hace 15 días en la Cámara Baja, requiere "grandes inversiones" y se realizará "escalonadamente".
Otro aspecto que ve "muy lejos de su aplicación real y efectiva" es el nuevo reglamento de circulación, al advertir que el Gobierno "tiene que llegar a un consenso" y, a continuación, recibir el "visto bueno" de Europa.
GRABACIÓN, CAJAS NEGRAS Y MANOS LIBRES
En oposición a dicho consenso, García Fraile apunta al "rechazo generalizado" de los representantes de los trabajadores a la grabación de vídeo en cabina, que consideran una vigilancia del maquinista injustificada, aunque sí ven "bien", indica, la relativa al audio.
En este campo, ha sido licitado el suministro e instalación del módulo de grabación y elaborado un borrador sobre la retirada, custodia y destrucción de las grabaciones en días sin incidencias. Además, se ha incrementado el personal que controla las 'cajas negras' de los trenes y se ha adquirido el 'software' para su análisis automático.
Entre otros pasos, Renfe ha prohibido que se realicen llamadas al móvil del maquinista salvo en determinados supuestos de emergencia. Y es que Francisco Garzón Amo, que conducía el Alvia el pasado 24 de julio, circulaba despistado tras recibir una llamada del interventor y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois, a la entrada de Santiago, en la que descarriló a cerca de 200 kilómetros por hora cuando debía tomarla a 80. La operadora ferroviaria ha comenzado las pruebas de validación del sistema de manos libres.
"LENTITUD"
García Fraile considera la "falta de recursos humanos" y la necesaria inversión no solo por parte de Fomento, sino también por Renfe y Adif --el administrador de las infraestructuras ferroviarias-- principales causas de "la lentitud" en la mejora de la seguridad en la red.
Otra crítica que plantea es que "solo se proponen para la Alta Velocidad", por lo que reclama su extensión a Media Distancia, Cercanías y otros servicios.
AVANCES
En cuanto a requisitos fijados para acceder a la profesión, el ministerio ha definido tres protocolos para los procedimientos de toma de servicio del maquinista en función de la actividad que desarrolle, y ya están implantadas la presentación telefónica y la lista de chequeo. Este julio está previsto que empiece a funcionar el libro de entrega en el que los conductores deberán anotar cualquier circunstancia atípica.
Continúa el trabajo de auditoría de todo el sistema ferroviario, en base a las recomendaciones de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), dependiente de Fomento, y de la comisión científico-técnica del ministerio.
La instalación de las balizas definitivas y los cartelones informativos en 349 puntos de la red en que hay cambios significativos de velocidad se ha completado y se han incorporado los cambios al cuadro de velocidades. Los sistemas satelitales, por su parte, comenzarán a implantarse en los trenes de Renfe a partir de noviembre.
"LEGISLAR EN CALIENTE"
Como García Fraile, el representante de la CGT y delegado de Adif en la provincia de Ourense Ángel Valladares opina que "muchas de las medidas anunciadas nunca se llegarán a poner en marcha".
A nivel de viajeros, indica, "poco más se ha hecho que la identificación" y "solo por Internet", puesto que si el usuario compra el billete en ventanilla no debe aportar su nombre. La protección de los equipajes en el interior de los vagones está en fase de estudio tras hacerse una simulación en 3D con tres prototipos, pero comenzará a instalarse en julio en un modelo estático funcional para analizar cómo se comportan.
En opinión de este sindicalista, "cuando ocurre una tragedia de este tipo se anuncian medidas que a veces es como legislar en caliente". Por ello entiende que "lo que se hizo el día después del accidente fue adoptar la medida básica", que era ubicar un sistema de seguridad en el punto en el que se produjo el accidente.
Algo que la CGT "defendió siempre" y que Valladares entiende que habría evitado problemas de comunicación en relación con la peligrosidad de A Grandeira es la existencia de una empresa "integrada". "Antes, cuando se ponía un sistema de seguridad en la vía --dependiente de Adif--, se ponían los mismos elementos en los trenes --de Renfe--, y era compatible, y funcionaba bien", remarca, sobre las incompatibilidades que se dieron en el ERTMS embarcado, y que originaron que este fuera desconectado en el momento del descarrilamiento.
A este respecto, las fuentes de Renfe consultadas apuntan que las pruebas del ERTMS embarcado "han finalizado ya" y "el asunto está en tramitación para su aprobación definitiva".
CIAF
Todos los sindicatos, al igual que las víctimas, reclaman que la CIAF goce de independencia, algo para lo que este viernes, también, el Gobierno aprobó una norma que elimina la posibilidad de reelección y eleva de cuatro a seis años el mandato.
Además, recoge los supuestos de cese en el cargo de los miembros del pleno de la comisión y las funciones de su presidente, que designará al equipo de investigación para cada caso y la posibilidad de recurrir a peritos internos o externos.
