El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Federico Fernández, presentó ayer en Jerez el Estudio de Inundabilidad elaborado por la Administración autonómica para tratar de atajar los problemas que se derivan de los desbordamientos del Guadalete.
El documento, que se define como una herramienta “imprescindible” para la gestión y prevención de inundaciones, sienta además las bases de la ordenación urbanística del futuro con el objetivo de que no vuelvan a cometerse los errores del pasado.
En el caso concreto de Jerez, los cinco núcleos rurales afectados por los desbordamientos están ya calificados como no urbanizables, por lo que la alternativa que se defiende desde la Junta para evitar daños humanos y materiales es la “reubicación” de las viviendas levantadas en su momento en los dominios del propio río.
Fernández defendió que, dadas las características del término municipal de Jerez, esas “políticas de reubicación” que propugna “están chupadas”, manteniendo por tanto la Junta el mismo posicionamiento que esgrime de hecho desde el año 2009. Ahora bien, el delegado admitió que no es “nadie” para decir al Ayuntamiento “a cuántas familias habría que reubicar” con la idea de evitar que males mayores ante futuras crecidas del Guadalete.
La importancia de este estudio radica en que delimita oficialmente las zonas inundables en toda la cuenca del río y, por ende, las zonas inundables del Guadalete a su paso por Jerez. El documento concreta de hecho que la superficie inundable de la ciudad supone aproximadamente el 9 por ciento del territorio del municipio.
El estudio determina además la necesidad de actuar en el arroyo Salado o algunas carreteras, como la A-382 (Jerez-Los Barrios) o la antigua carretera de Estella.
