El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy su intención de mejorar la ley de tasas judiciales y de convocar en los próximos días la mesa sectorial para abordar ésta y otras cuestiones "con absoluta transparencia" con todas las comunidades autónomas.
Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en su primera intervención en el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado del PNV Emilio Olabarría relativa a si piensa derogar la ley de tasas.
El nuevo titular de Justicia ha puesto de manifiesto su voluntad de trabajar "con todos, con la Cámara, con los grupos parlamentarios y con los profesionales del sector de la Justicia para generar consensos y proyectos de reforma que garanticen el funcionamiento de una justicia del siglo XXI".
Ha recordado que sus primeras palabras en su toma de posesión fueron que tras una identificación de la situación actual y de las inquietudes que conoce "perfectamente" de los operadores jurídicos hay que trabajar por el análisis de la mejora de la ley de tasas actualmente vigente.
"Es verdad que desde la implantación de la ley de tasas en noviembre de 2012 y la modificación posterior en febrero de 2013 tenemos que evaluar cómo han estado funcionando y qué impacto está teniendo, y es lo que me propongo a hacer, tener datos del impacto real" de la tasas, ha dicho.
Ha aclarado que de los más de ocho millones de asuntos que cada año los ciudadanos "residencian" ante los tribunales de justicia, más del 83 por ciento no están sometidos a tasas, son asuntos penales y laborales, y por lo tanto ya está acotada la cuestión a evaluar, la primera instancia, la segunda instancia, los procesos civiles y los administrativos.
En todo caso ha recordado que siendo él secretario de Estado de Justicia entre 2002 y 2004 ya el Gobierno y esta Cámara aprobó una ley por la que se implantaron las primeras tasas asociadas al orden mercantil y a las personas jurídicas.
Rafael Catalá ha mostrado su convencimiento de que las tasas deben existir en la justicia como una contribución por un usuario cualificado de una función jurisdiccional, pero ha añadido que hgay que hablar también de la financiación de la asistencia jurídica gratuita "sin necesariamente contaminar un debate con otro".
Emilio Olabarría ha indicado que esta ley ha resultado un fraude de naturaleza colectiva, para las comunidades autónomas en primer lugar ya que han tenido que financiar sus servicios de justicia gratuita con cargo a sus presupuestos como han podido.
Ha añadido que ha sido un fraude para el servicio de justicia gratuita con carácter general puesto que a pesar de que la finalidad pretendida de la ley era financiarlo, ni un solo euro de las tasas recaudadas ha llegado al turno de oficio.
Ha agregado que además se ha visto desnaturalizado el artículo 24 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva y prohíbe la indefensión.
En este sentido, ha comentado que "ha disminuido la litigiosidad pero por el concepto más perverso, por falta de recursos para litigar dada la carestía que las tasas incorporan a los procesos judiciales".
Emilio Olabarría ha subrayado que ningún operador jurídico avala esta tasas, ni los colegios de abogados, ni los de procuradores, ni los graduados sociales, ni los jueces, ni los magistrados, ni los ciudadanos con carácter general.
