El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado formalmente su calificación de los hechos en el procedimiento judicial por la ocupación del antiguo colegio Rey Heredia de la capital, por la 'Acampada Dignidad' desde octubre del año pasado, y en este caso se adhiere a la petición de la Fiscalía, que ha solicitado el desalojo del edificio y multas de 720 euros por un delito de usurpación a cada uno de los diez acusados por la ocupación de las instalaciones.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, después de que el escrito del Ministerio Público determina que sobre las 21,15 horas del 4 de octubre de 2013, "tras celebrarse una manifestación que iba a finalizar con una acampada simbólica en la Plaza de Andalucía", un grupo de ocho personas "obrando de acuerdo y en acción conjunta decidieron entrar sin consentimiento de los titulares" en el antiguo colegio Rey Heredia.
El fiscal matiza que el edificio había sido un centro educativo hasta enero de 2012 y que en el momento de la ocupación no tenía uso. En el escrito también se detalla que el Ayuntamiento pidió la desafectación del uso "en dos ocasiones", el 21 de junio de 2012 y el 14 de noviembre de 2013, tras la irrupción de 'Acampada Dignidad'.
Según el relato del Ministerio Público, los acusados "decidieron en una reunión permanecer en el edificio" y, durante este encuentro, se unieron dos participantes más "de forma activa" a los ocho iniciales, por lo que el número de acusados se eleva a diez.
Este grupo, según apunta la Fiscalía, acordó "ocupar el inmueble sin consentimiento de ninguna institución administrativa". El documento señala lo que ocurrió después; es decir, que el edificio se destinó a "fines de interés de social" y que, a día de hoy, permanece ocupado.
El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de usurpación y por ello solicita la pena de cuatro meses de multa con una cuota diaria de seis euros, un total de 720 euros, a cada uno de los diez acusados. En caso de no pagar, se impondría un día de prisión por cada dos cuotas impagadas.
Además, el fiscal pide que los imputados indemnicen de manera conjunta "y solidariamente" al Ayuntamiento con 237,56 euros por los gastos de luz y agua "generados durante la ocupación", concretamente el periodo comprendido entre el 4 de octubre y el 13 de noviembre de 2013, cuando Emacsa cortó el suministro de agua. Igualmente, la Fiscalía insiste en "el desalojo del edificio ocupado".
Cabe recordar que el Consistorio decidió a principios de julio llevar a los ocupantes del Rey Heredia por la vía penal y lo argumentó por la "defensa de los intereses generales". El gobierno municipal ha negociado con el Consejo de Distrito Sur la cesión del inmueble, pero pide como requisito previo el desalojo del centro, algo a lo que se opone la 'Acampada Dignidad'.
