La Plataforma de Despedidos del Ayuntamiento de Los Barrios califican el ofrecimiento efectuado ayer por el alcalde, Jorge Romero, de ofrecerles ocho días por año como indemnización como "una muestra más del cinismo con el que actúa".
Lo consideran "un insulto a nuestra inteligencia la propuesta que el primer edil realizó a través de los medios”, afirman desde el citado colectivo.
“En primer lugar, porque ofrece a los trabajadores despedidos lo que ya, como mínimo, les corresponde por derecho, si finalmente los tribunales dan los despidos por buenos, que es una indemnización de 8 días por año. En segundo lugar, porque se olvida de la ejecución provisional de las sentencias y el pago de los salarios de tramitación, a los que antes o después el Ayuntamiento habrá de hacer frente. En tercer lugar porque miente como un bellaco sobre la admisión de los recursos ante el Supremo y sobre el tiempo que se puede alargar la resolución definitiva del conflicto. Y, en cuarto y último lugar, porque, aunque no lo diga en público, el señor Romero sabe que existen altas probabilidades de que el Alto Tribunal acabe revocando las resoluciones del TSJA, dando la razón a los trabajadores y declarando los despidos como nulos”, explican.
Los representantes de los despedidos recuerdan al alcalde de Los Barrios que “los primeros recursos de casación presentados ya fueron admitidos a trámites hace varios meses” y le recuerdan también que “el Tribunal Supremo está tardando no mucho más de un año, a veces incluso menos, en resolver sobre este tipo de asuntos”.
“En vistas de que se acercan las elecciones el señor Romero quiere ofrecer a la opinión pública una falsa imagen de político conciliador y para ello no duda en manipular la información a su conveniencia sin ningún escrúpulo, como lo ha venido haciendo a lo largo de toda su carrera política, pero todo el mundo ya sabe que no lo es. Como bien dice el refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, afirman los responsables del grupo de afectados por las amortizaciones de plazas que el equipo de gobierno llevó a cabo en febrero de 2012.
“Cada trabajador puede actuar como desee en función de su situación y de sus intereses, pero nosotros recomendamos a todos que hagan oídos sordos a la propuesta del alcalde, que es malintencionada y tiene su trampa, y no dejen de recurrir al Supremo”, concluye la plataforma.
