Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a 74 personas --tanto españolas como extranjeras-- por el supuesto fraude de más de 584.000 euros a la Seguridad Social. La trama falsificó contratos labores para regularizar situaciones administrativas de ciudadanos extranjeros y obtener fraudulentamente subsidios por desempleo, pensiones de jubilación y otras ayudas económicas.
Además, la trama, supuestamente, utilizaba como tapadera cuatro empresas ficticias a través de las que cobró más de 584.000 euros en concepto de subsidios y subvenciones. La operación ha permitido, asimismo, el afloramiento de 14.250 días de cotización "irreales", según han informado desde la Policía Nacional, a través de un comunicado.
La autoridad judicial ha autorizado el embargo preventivo de bienes inmuebles por valor de 600.000 euros y 32 cuentas bancarias por un importe de 100.000 euros. Entre los arrestados se encuentra un abogado de la capital malagueña.
La investigación se ha llevado a cabo en el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que establece el marco general de la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este operativo ha sido llevado a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Tesorería de la Seguridad Social, Subdelegación del Gobierno de Málaga (Oficina de Extranjeros) y Servicio Público de Empleo Estatal.
LA INVESTIGACIÓN
La investigación revela, según han informado desde la Policía Nacional, que el principal investigado, de profesión abogado, llevaba la gestión de cuatro empresas en las que constaba además como trabajador por cuenta ajena. Además, presuntamente, en connivencia con supuestos empresarios de origen pakistaní y nacionalidad portuguesa, confeccionaban y tramitaban contratos laborales a través de empresas "ficticias" o de empresas reales "simulando contratos laborales".
Estas documentaciones ficticias eran empleadas ante los organismos públicos competentes en materia laboral y así conseguir dar de alta en la Seguridad Social a los supuestos trabajadores, con el fin de que sumaran días de cotización para futuras ayudas económicas de prestación por desempleo, jubilaciones y otras ayudas, han apuntado.
Mientras, los cabecillas de la trama, supuestamente, "también se conseguían beneficiarse de forma ilícita". Estos contratos también eran utilizados para regularizar a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España. Por parte de la Oficina de Extranjería se están realizando los trámites necesarios para anular los permisos de residencia obtenidos por este cauce.
Este procedimiento era mayoritariamente utilizado por ciudadanos extranjeros, si bien también algunos nacionales "lo han utilizado para su beneficio", han señalado. La operación ha finalizado con el afloramiento de 14.250 días de cotización irreales entre los 112 supuestos trabajadores, así como un capital defraudado por un importe de más de 584.000 euros, deuda contraída con la Tesorería General de la Seguridad Social, el INSS (Instituto nacional de la Seguridad Social) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En el transcurso de las pesquisas se han practicado registros en el domicilio profesional y particular del principal investigado. Se ha incautado documentación relacionada con los hechos investigados y 1.850 euros en metálico. Igualmente la autoridad judicial competente ha autorizado el embargo preventivo de bienes inmuebles valorados en 600.000 euros y el bloqueo de 32 cuentas bancarias por un importe de 100.000.
