El editor jefe del diario turco 'Zaman', Ekrem Dumanli, uno de los detenidos en las redadas llevadas a cabo la semana pasada en varios medios de comunicación opositores, ha sido acusado este jueves de "establecer y dirigir una organización armada", en el marco de la recientemente aprobada legislación antiterrorista.
Según estas informaciones, los cargos se basan en dos editoriales y un artículo publicados por el diario hace alrededor de cinco años. Junto a él ha sido acusado el director general de la cadena de televisión Samanyolu, Hidayet Karaca.
El fiscal Fuzuli Aydogdu ha preguntado a Dumanli por qué decidió publicar dichos contenidos, que versaban acerca de un discurso dado por el clérigo Fethulá Gulen, que mantiene un enfrentamiento verbal e ideológico con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, a pesar de que fueron antiguos aliados.
En respuesta, el editor jefe del citado diario ha argumentado que no interfiere en los artículos críticos redactados por sus columnistas, de los que ha dicho que cuentan además con la libertad de expresión. Asimismo, ha recordado que las palabras de Gulen fueron recogidas por múltiples medios del país.
Las redadas se produjeron pocos días antes de que se cumpliera el aniversario de la apertura de investigaciones a varios altos cargos del Gobierno por corrupción, un caso que fue cerrado oficialmente esta misma semana.
Erdogan en un principio se sirvió de la influencia de Gulen para contrarrestar el peso del Ejército, contrario al ascenso de su partido islamista moderado, pero después ambas partes se enfrentaron y ahora Erdogan niega cualquier posibilidad de entendimiento.
El mandatario ha acusado de la operación policial contra altos cargos de su Gobierno a un 'estado paralelo', término utilizado por las autoridades para referirse a los simpatizantes de Gulen, tras lo que prometió purgar la Policía y la judicatura, sectores donde cuenta con un importante respaldo.
En el marco de esta respuesta del Gobierno, miles de policías han sido investigados, mientras que alrededor de 80.000 han sido cesados y otros 250.000 han sido recolocados. Además, otros 460 han sido suspendidos de sus funciones.
La única investigación que sigue abierta en torno al caso de corrupción es la que lleva adelante una comisión parlamentaria, establecida para investigar a los exministros Guler, Çaglayan, Erdogan Bayraktar y Egemen Bagis, quienes dimitieron tras las primeras detenciones.
Los medios de comunicación turcos tuvieron prohibido durante un tiempo informar sobre esta comisión, si bien un juez determinó a finales de noviembre que la prohibición afectaba únicamente a la publicación íntegra de las comparecencias ante el organismo.
