El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, no debió desarrollar este cargo durante 23 años tras la gestión que hizo de Banca Catalana, y ha considerado que fue el "máximo responsable de un agujero de 200.000 millones de pesetas" que registró la entidad bancaria.
En su intervención en la comisión de investigación sobre el fraude, ha reivindicado que como diputado del Parlament, entonces con las siglas del PSUC, fue el primero en llevar el caso en sede parlamentaria y ya entonces expuso: "No puede ser presidente de un país el responsable de esta mala gestión".
Ribó ha criticado que Pujol no asumió ninguna "responsabilidad" por esa gestión, y ha lamentado que aún hoy en día es uno de las principales defectos de los políticos: no asumir responsabilidades por una mala gestión haya habido o no delito penal.
El Síndic también ha criticado que tanto Pujol como otros miembros de su gobierno, como el entonces conseller Ramon Trias Fargas, buscaron negar y tapar el problema: "Hubo una manipulación de los poderes gubernamentales para tapar el tema".
Así, Ribó ha reivindicado que su partido denunció desde el principio el tema, y ha afirmado que si nadie habló entonces de la herencia de Pujol en Andorra no fue porque hubiera un pacto de silencio en la sociedad catalana, si no porque "no tenía ni idea".
SINDICATURA DE CUENTAS
El Síndic de Greuges ha señalado a los diputados que sí de verdad quieren colaborar en la lucha contra la corrupción fortalezcan la Sindicatura de Cuentas de Catalunya: "El órgano de control de las cuentas públicas es potente y debe serlo aún más. (...) Es vital para la función que ustedes --los diputados-- tienen encargada --velar por la transparencia--".
El Síndic ha considerado que es demagógico rasgarse las vestiduras por la corrupción porque "es tan antigua como la humanidad", y ha sentenciado que para combatirla hay que fortalecer los órganos de control y garantizar su independencia.
También ha avisado a los parlamentarios de que la ley de transparencia que aprobó la semana pasada la Cámara catalana es por si sola insuficiente y hay que apostar por fomentar entre la ciudadanía "la cultura del acceso del acceso a la información", es decir, que sean conscientes de todos los derechos que tiene de ser informados por parte de las administraciones.
CRÍTICAS A FERNÁNDEZ DÍAZ
Ha apelado a la responsabilidad de los cargos públicos a la hora de no difundir "falsas informaciones y intoxicaciones", y ha recordado que pidió a la Defensora del Pueblo que investigara si el Ministerio de Interior actuó con mala fe y filtró que el alcalde Xavier Trias tenía una cuenta en Suiza cuando eso no era cierto.
Ribó ha señalado que otro punto clave para combatir la corrupción es que tanto desde los poderes públicos como desde la justicia se actúe con celeridad cuando vean presuntas prácticas irregulares, y ha lamentado que la lentitud con la que a veces se actúa es muchas el principal motivo por el que ciertas actuaciones quedan impunes.
