Reducir el número de aforados porque dicha condición provoca “dilaciones innecesarias” en los procedimientos, es una de las más de cincuenta medidas que los jueces decano de España concluyeron, a principios del pasado mes de diciembre, que redundarían en un mejor funcionamiento del sistema judicial en general y de los enjuiciamientos de los casos de corrupción en particular.
Durante una entrevista concedida a Ondaluz Sevilla TV, Francisco José Guerrero, juez decano de Sevilla, ha dicho que “los delitos de corrupción no están suficientemente penados”. Según Guerrero, es necesario que se creen nuevas figuras delictivas como, por ejemplo, el enriquecimiento no justificado e ilícito “por parte de determinados cargos”, o también la supresión de figuras de menor entidad como las faltas.
Guerrero cree que “no deberían existir juicios de falta” porque “distraen la labor de los jueces de instrucción”. Y aclara que “no puede un juez de instrucción estar instruyendo asuntos de cientos de millones de euros y al mismo tiempo tener que parar para atender un juicio de falta sobre insultos entre personas”.
Son sólo algunas de las reformas que los jueces decano de toda España acordaron a principios de diciembre trasladar al Ministerio de Justicia para agilizar los crecientes procedimientos sobre corrupción. Además, Guerrero señala que “el que la hace que la pague pero no sólo desde el punto de vista penal, sino también desde el de la responsabilidad civil”. “Hemos puesto la vista en la recuperación de los activos”, “ahora mismo no es imposible, pero no se recupera todo”.
En cuanto a la duración “excesiva” de algunos procedimientos de este calibre, Guerrero advierte que “si hubiese más medios, más funcionarios, el tiempo se habría reducido sustancialmente”. El problema aquí, según señala, es que “hacen falta más juzgados, pero la Administración no quiere ni ori hablar de ello, por el incremento de gasto que supone”.
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ambién se pronunció sobre la cuestionada independencia judicial en España, para no sólo defenderla sino reivindicar la reforma constitucional que permita “democratizar” el acceso a los órganos judiciales como el CGPJ, señalando que “los vocales de la magistratura deberían ser elegidos por los propios jueces y magistrados” frente al modelo actual en manos de las Cortes Generales, o lo que es lo mismo de los políticos.
