La exalcaldesa socialista de Jerez Pilar Sánchez se enfrenta desde este martes a su tercer y último juicio por su gestión en el consistorio, y también al más grave, ya que el fiscal pide para ella siete años de prisión por beneficiar a una empresa.
Apenas tres meses después de haber sido condenada a dos años de prisión por desviar fondos del Plan E para pagar gastos corrientes municipales, Sánchez volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por el denominado "caso PTA".
La que fuera alcaldesa de Jerez entre el 2005 y el 2011, que abandonó la militancia en el PSOE y su cargo en la Junta de Andalucía tras su condena, se enfrenta en esta caso a una petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado de siete años de prisión y dieciséis de inhabilitación acusada de los delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en la administración.
El fiscal Anticorrupción cree que Pilar Sánchez incurrió en estos delitos para que se le concediera una ayuda de 244.000 euros a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA), dedicada al suministro de material médico, para ayudarla a comprar unos terrenos en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez en los que la firma se iba a instalar.
También solicita el fiscal solicita penas de prisión para otros seis imputados, entre ellos los exconcejales socialistas Francisco Lebrero (entonces edil de Fomento) y María del Carmen Martínez (que fuera edil de Medio Rural), para los que pide cuatro años y medio y cinco años de prisión respectivamente.
Además pide dos años y tres meses de prisión para Salvador Rubio, el técnico municipal que rubricó el informe en el que supuestamente elevó la baremación otorgada a la empresa para darle la puntuación máxima y que obtuviera la ayuda y cuatro años y medio de prisión para Jose Manuel Caro Cordero, José María Cesara Ribera y José María Ribera Guzmán, gerentes de la sociedad TISA.
El fiscal solicita que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de otra empresa en la que se reconvertió TISA para que afronte la devolución de los 244.000 euros de la ayuda.
A las acusaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado se suma la que ejerce el Ayuntamiento de Jerez.
Pilar Sánchez ha centrado su defensa en este caso en que las acusaciones se basan en las declaraciones de un técnico municipal que quería defenderse de las que pesaban sobre él y que, además, estaba "bastante enfadado" porque no había sido nombrado gerente del PTA.
El abogado de Pilar Sánchez, Juan Pedro Cosano, ha explicado que pedirá su absolución porque "no ha habido ningún delito en su actuación".
"Ella firmó siempre con el visto bueno de los técnicos municipales, no hizo nada en contra del criterio de los técnicos, ni recibió ninguna advertencia de ilegalidad", ha señalado.
En su opinión, en este caso no hubo nada "más allá de la voluntad de cualquier alcalde de que una empresa materializase una inversión de casi ocho millones de euros y crease riqueza y empleo en el municipio. Cualquier alcalde lo hubiera hecho", apunta el abogado.
La defensa que también esgrimió que no existía "cuerpo del delito" porque el Ayuntamiento y la empresa rompieron el preacuerdo alcanzado para la compra de este suelo, entiende también que la minoración en el precio de una parcela es una práctica habitual en los ayuntamientos para atraer empresas.
Sobre los escritos de las acusaciones que sostiene que Sánchez actuó "a su libre albedrío" y "con desprecio total de las normas administrativas", el abogado sostiene que si hubo alguna irregularidad fue de carácter administrativa y "no pueden convertirse todas ellas de forma automática en un ilícito penal".
Sánchez, que en febrero del 2014 fue absuelta de la denuncia de haber "enchufado" a cinco asesores, se enfrenta a este último juicio mientras el Tribunal Supremo estudia el recurso del fiscal para que la condena de dos años que le fue impuesta sea elevada a tres.
