Los trabajadores de Peninsular del Latón se han concentrado este viernes ante la puerta de la fábrica cordobesa, para solicitar el apoyo que dicha empresa metalúrgica, en concurso de acreedores, precisa para hacer posible el convenio (acuerdo de pago con sus acreedores) que le permita salir del concurso, sin interrumpir su actividad productiva, que aún mantiene.
Según han explicado los representantes sindicales, Peninsular del Latón entró el pasado año en concurso voluntario de acreedores, con continuidad de su actividad y buscando cerrar un convenio anticipado, lo que supone una vía distinta a la habitual, con el objeto de que el concurso no se dilate en el tiempo, con la ventaja, también de que permite la ampliación del periodo de pago de las deudas. Por ejemplo, el 50% de la deuda, en lugar de tener que pagarse en cinco años, se puede abonar en diez.
Para que esta opción sea posible, la empresa está obligada a presentar un plan de viabilidad y un plan social. El plan social de Peninsular del Latón, según han detallado los sindicalistas, llevó consigo la extinción de empleo para 16 personas (12 por prejubilación y voluntarias y cuatro traumáticas), con la aprobación de los trabajadores. Actualmente la fábrica tiene a 80 trabajadores directos, a los que hay que sumar los indirectos de 25 subcontratas.
Una vez aprobado este tipo de concurso de acreedores el pasado septiembre, Peninular de Latón inició las negociaciones con los acreedores no financieros, es decir, los proveedores y transportistas, que "pensábamos que serían los más difíciles", según ha señalado el presidente del comité de empresa y secretario de acción sindical de la Federación del Metal y Construcción (MCA) de UGT-Córdoba, Antonio Lopera.
Sin embargo, "para sorpresa de todos, los acreedores no financieros llegaron a un acuerdo que supone el 55% de la deuda. Por contra, los acreedores financieros, es decir, los bancos, todavía no han llegado a acuerdo alguno. Incluso en casos como el de Bankia ya se han negado por escrito".
Ello supone un problema, ya que "para que el convenio de continuidad de actividad sea posible, Peninsular del Latón ha de llegar a un acuerdo por el 65% de la deuda (34 millones de euros en total). Le queda, por tanto, solo el 10% para llegar a tal cifra, una cantidad algo superior a tres millones de euros", lo que requiere el acuerdo con algunos de los acreedores financieros, siendo los más importantes Bankia, CajaSur, Caja Rural, Bankinter y el Banco Popular.
A este respecto, Lopera ha precisado que "necesitaríamos solo el apoyo de un par de bancos más para llegar a ese 65%, con lo que podríamos activar el convenio anticipado y levantar el concurso de acreedores, sin embargo la banca española no nos está apoyando", pero sí la extranjera, pues "tenemos de momento el apoyo del Deustche Bank y del banco marroquí Attijariwafa Bank Europe". El presidente del comité de empresa cree que los bancos españoles, "al estar cubiertos por el conocido como banco malo, saben que ya van a cobrar de todas formas, de ahí su falta de interés".
En cuanto a los plazos, los trabajadores están esperando a que el informe del administrador del concurso, que ha sido positivo, se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y a partir de ahí llegar o no a un acuerdo en la junta de acreedores.
La esperanza de los trabajadores, según ha dicho Lopera, es que "entre el administrador y el juez saquen el convenio adelante y podamos seguir trabajando", pues incluso el propio administrador, ante el hecho de tener ya un acuerdo por el 55% de la deuda, ha mediado ante la banca.
En este sentido, el sindicalista cree que "podría incluso darse el caso de que el juez diese su visto bueno, dados los acuerdos con los acreedores no financieros y los contratos con los clientes, algo que ya ha sucedido en España, por ejemplo con la inmobiliaria Nozar, que no tenía siquiera el informe favorable del administrador".
Los problemas de Peninsular del Latón empezaron cuando dos importantes clientes dejaron trabajos impagados al declararse en quiebra, como la empresa italiana Biachi, que dejó sin pagar seis millones de euros. A partir de ahí, según ha indicado Lopera, "tuvimos que trabajar sin cobertura, o sea, el cliente te hace unos pedidos y vas y apartas por ejemplo el cobre en Londres (Reino Unido), pero lo pagas una vez que sirvas al cliente. En ese periodo de tiempo, el cobre puede oscilar de precio, hacia arriba o hacia abajo, y en este caso nos ha provocado pérdidas al encarecerse en numerosas ocasiones".
Por su parte, el secretario general de MCA de UGT en Andalucía, Manuel Jiménez, ha manifestado que "es una auténtica vergüenza que sean los bancos los que están paralizando la salida del concurso voluntario de acreedores". Jiménez ha sido especialmente crítico con Cajasur, ya que, "tanto el comité de empresa como la propia MCA en Córdoba apoyaron públicamente" a la extinta caja de ahorros "cuando tenía problemas".
Es más, según ha señalado, "todos los trabajadores tienen ahí las nóminas e hicimos en su momento un llamamiento para que los cordobeses no retirásemos las nóminas ni las hipotecas de CajaSur, sin embargo parece que la actual Kutxabank tiene distinta vara de medir para las industrias y empresas andaluzas en comparación con las vascas".