El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó este lunes por unanimidad instar a la Junta de Andalucía a que intervenga y negocie con la entidad financiera propietaria del edificio de la avenida de Portugal -que ocuparon hace algunas semanas varias familias gaditanas- un acuerdo que proporcione a dichas familias un alquiler social en los mismos términos y condiciones que el alcanzado por la Consejería de Fomento y Vivienda en la llamada Corrala Utopía, en Sevilla, y Corrala de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda.
El equipo de Gobierno presentó esta propuesta por vía de urgencia por la preocupación del Ayuntamiento ante la situación de las familias y en base a sendos precedentes similares de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en los que la Junta, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, intervino negociando con las diferentes entidades financieras cumpliendo con las competencias exclusivas que le arrogan los artículos 56 y 61 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
El preámbulo de la moción subraya la “preocupación del Ayuntamiento por la situación de las familias que están ocupando ese edificio sin los suministros básicos imprescindibles”, entre otras cosas por no estar la edificación terminada en lo referente a las instalaciones de suministros. “Teniendo en cuenta que en la misma comunidad andaluza se produjeron en el pasado año 2014 dos ocupaciones de idénticas características: la de abril de 2014 en Sevilla con la corrala Utopía, propiedad de una entidad financiera, y la de julio de ese mismo año en Sanlúcar de Barrameda con la Corrala Bonanza, y que ambos casos fue la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, y asumiendo las competencias exclusivas que les arroga los artículos 56 y 61 del Estatuto de Autonomía quien buscó, negoció y encontró una solución con las diferentes entidades financieras, no sería entendible ni asumible que en el caso que nos ocupa no fuera igualmente la citada Consejería la que tomara cartas en el asunto”.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía, del que pronto se celebrará su 35 aniversario, no hace ninguna distinción entre los territorios de Andalucía, lo que se argumenta en la propuesta para calificar de “incomprensible” que la Consejería de Fomento y Vivienda permanezca impasible ante la situación que se da en la actualidad en la Avenida de Portugal, mientras que las situaciones citadas de Sevilla y Sanlúcar no sólo fueron atajadas de manera urgente, “sino que ocupó una gran parte de la agenda de la propia consejera de Vivienda y la presidenta de la Junta de Andalucía”. “Resulta imposible que lo que el Estatuto de Autonomía y las leyes que lo desarrollan estipulan para Sevilla y Sanlúcar, no sea aplicable para Cádiz”.
A finales de enero de este año el Ayuntamiento tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la ocupación, por parte de varias familias gaditanas, de un edificio sito en la Avenida Portugal. Varias de estas familias eran usuarias de los Servicios Sociales municipales y procedían de una anterior ocupación de una finca que la Junta de Andalucía utilizó para el realojo de la última fase en el Cerro del Moro.
