El Defensor del Pueblo Andaluz está tramitando un expediente de queja de oficio frente a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía por la situación que padecen los juzgados de lo Mercantil de Málaga, que soportan un volumen de asuntos muy superior a los establecidos.
Así se señala en la respuesta dada por dicha institución en el expediente abierto por la queja interpuesta por un abogado malagueño tras el señalamiento para enero de 2017 de una audiencia previa en un procedimiento de anulación de una cláusula suelo de una hipoteca, instado por unos clientes del letrado.
En dicha queja inicial se exponía que la demanda de los clientes se presentó en julio de 2014 y que por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 se comunicó que se señalaba para el 17 de enero de 2017 la audiencia previa, por lo que el juicio "podría señalarse para 2018", apuntaba el abogado Carlos Cómitre.
Ante esto, el Defensor del Pueblo Andaluz en noviembre pasado admitió a trámite la queja e inició las actuaciones respecto del caso concreto ante los organismos correspondientes, de forma que solicitó a la Fiscalía que aportara información respecto al procedimiento judicial que afecta en concreto a esos clientes.
Asimismo, ya se precisaba en ese momento que desde el Defensor del Pueblo Andaluz "nos proponemos incoar expediente de queja de oficio frente a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en relación con la situación que afecta, en general, a los órganos jurisdiccionales de lo Mercantil de Málaga".
Ahora, la institución ha informado de las últimas actuaciones y recoge lo trasladado por el magistrado y el secretario del Juzgado número 1 al fiscal en un informe, en el que se señala que el caso de ese señalamiento para 2017 "no es un hecho aislado" y que las cláusulas suelo "han agravado" los temas pendientes en el juzgado.
En este sentido, se apunta que esa pendencia ha pasado "de lo intolerable a lo inasumible bajo cualquier punto de vista para el ciudadano", recordando que ya en 2011 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instó a crear "de forma urgente" juzgados de lo Mercantil en Málaga.
Así, desde el juzgado se precisa que se llevan incoados unos 1.000 procedimientos ordinarios de cláusulas suelo y a pesar de tener ratios de resolución "muy superiores a la media", agrupar señalamientos y "emplear cuantos mecanismos de agenda puedan estar al alcance" se está señalando las audiencias previas para abril de 2017.
Asimismo, se indica que los hechos expuestos en la queja del abogado "son ciertos y conocidos por los responsables de la administración de justicia, ya que lejos de adoptarse las medidas que en 2011 se catalogaban como urgentes, se procedió a principios de 2013 a cesar a la secretaria judicial de apoyo".
Tras informar de esta respuesta, el Defensor del Pueblo Andaluz da por finalizadas las actuaciones en este expediente concreto, al señalar que deben ser la Fiscalía o el Consejo General los que procedan a investigar, pero sí destaca que sobre la situación de estos juzgados se tramita un expediente del que se informará en el informe anual.
Así, conforme a legislación correspondiente y a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la tramitación de este expediente supone solicitar "informe sobre la realidad del problema y sus posibles soluciones".
En esa actuación de oficio se recoge que "la situación general que expresa precisamente el funcionamiento de los juzgados de lo Mercantil dibuja una problemática que va más allá de determinados ejemplos concretos" y que podría, aunque haya que profundizar, dar "una situación de inadecuada" de prestación del servicio.
El consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha asegurado en reiteradas ocasiones la necesidad de incrementar el número de jueces para dar respuesta a la situación de estos juzgados malagueños y solucionar la sobrecarga que presentan, recordando que la media de jueces en Andalucía, que es de 10 por cada 100.000 habitantes; es muy inferior a la media europea, que es de 21, y la nacional, que es de 11 magistrados por cada 100.000 habitantes.
