El Ministerio de Justicia ha negado haber recibido orden alguna para acelerar la tramitación del indulto solicitado por el inspector José María Ballesteros Pastor, quien fue condenado junto con el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés por el chivatazo recibido en 2006 por la red de extorsión de ETA, conocido como 'Caso Faisán'.
En concreto, el departamento que dirige Rafael Catalá recalca que el director de la División de Derechos de Gracias y otros Derechos, encargado de los indultos, no ha recibido "instrucción alguna ni del Gobierno ni de ninguna otra instancia" relativa al expediente Ballesteros.
Así consta en la respuesta que el Gobierno ha remitido a la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, quien había preguntado al Ejecutivo por la "celeridad" con la que, a su juicio, se tramitó el expediente de indulto de Ballesteros y su solicitud para acceder a la jubilación por incapacidad.
En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, Justicia admite que el trámite de la petición de indulto cursada por el policía condenado se hizo en menos de diez días, como había destacado Díez, pero subraya que se desarrolló "dentro de los plazos ordinarios, comunes a cualquier otra solicitud".
PENDIENTE DE RESOLUCIÓN DESDE NOVIEMBRE
Según relata, la petición fue recibida en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia el 21 de julio de 2014 y el día 30 de ese mes se dio traslado de la misma al Tribunal sentenciador a efectos de cumplimentar el trámite de informe previsto en la ley.
Cuatro meses y medio después, concretamente el 17 de noviembre de 2014, Justicia recibió los informes --ambos contrarios al indulto-- de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía. Desde entonces el expediente continúa "en fase de resolución", detalla el Gobierno, subrayando a la vez que el director de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia "no ha recibido instrucción alguna ni del Gobierno ni de ninguna otra instancia relativa a este expediente".
La líder de UPyD también había pedido cuentas al Gobierno por la rapidez con la que concedió a Ballesteros la jubilación por incapacidad. El Ejecutivo le explica que el condenado la solicitó el 29 de julio y que su expediente fue incluido en la sesión que celebró al día siguiente el tribunal médico que debía estudiarla.
"Ese día estaba previsto, previamente, que se reuniera el Tribunal Médico de la Dirección General de la Policía, con el fin de realizar la evaluación médica de los expedientes pendientes de valoración, toda vez que durante el mes de agosto no constaban convocatorias de dicho Tribunal", señala al Gobierno, antes de apuntar que Ballesteros pasó a la situación de jubilado, por incapacidad permanente, con fecha 12 de agosto de 2014, es decir, sólo dos semanas después de que lo solicitase.
