Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, la joven asesinada en enero de 2009 en una vivienda de León XIII en Sevilla, ha vuelto a insistir este lunes en la necesidad de reformar la Ley del Menor, tras la muerte de un profesor presuntamente a manos de un alumno de 13 años en el instituto Joan Fuster de Barcelona.
"Es una vergüenza que, tras lo ocurrido en Barcelona, el menor quede totalmente impune y hoy duerma en su casa como si no hubiera pasado nada", ha manifestado a Europa Press Antonio del Castillo.
No es tolerable, según ha relatado, que "por tener menos de 14 años sea totalmente impune" ante este tipo de delitos porque, pregunta, "quién se va a responsabilizar de lo que ha pasado".
A juicio de Antonio del Castillo, cuando ocurren estos casos "ya lo ha avisado la sociedad, los políticos son conscientes de que pueden pasar estas cosas y se le ha pedido al partido que está en el Gobierno que cambie la Ley, pero no hay respuesta".
Lamenta que la excusa siempre que ocurre algo sea que "no se puede legislar en caliente", aunque "siempre ponen una excusa para no abordarlo". "Hay que reconocer cuando uno se equivoca y hay que cambiar las cosas", ha dicho para añadir que ese cambio debe hacerse "con consenso".
De esta manera, rechaza una ley "tan dura" como la de Estados Unidos pero entiende que "hay que solucionar las cosas".
"Es una indignación porque veo que se cumple otra injusticia", ha manifestado Antonio de Castillo antes de recordar que una situación parecida se vivió con el caso de su hija y el 'Cuco', a quien "al cumplir los 18 años se le han borrado todos los antecedentes penales, como si no hubiera pasado nada", ha criticado el padre de la joven sevillana.
Cabe recordar que los niños que no han cumplido 14 años son considerados inimputables en España, es decir, que no se les puede atribuir ninguna responsabilidad penal, ni las sanciones que de ella se derivan, como el internamiento en un centro reforma. De este modo, la Administración sólo podrá intervenir sobre el joven, no por el tipo de delito, sino en tanto se le diagnostique un trastorno de conducta o un problema de salud mental y obrar, desde el sistema de protección, para darle respuesta.
