El diario británico The Guardian, un referente de la prensa escrita europea, se ha hecho eco de la investigación incoada por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, en torno a la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, informando además de la decisión de la Junta de Andalucía de paralizar dicho procedimiento resuelto en favor de la agrupación empresarial México Minorbis, de la que participa la empresa andaluza Magtel.
A través de una información titulada "paralizada la reapertura de una controvertida mina española ante recursos por corrupción", The Guardian expone que "la investigación judicial encuentra indicios de serias irregularidades en el procedimiento de subasta de la mina de Aznalcóllar, que en 1998 causó uno de los peores desastres ecológicos de España".
La información, recogida por Europa Press, da cuenta tanto de la investigación incoada por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, derivada de una denuncia promovida por el grupo Emerita-Forbes Manhattan, que concurrió sin éxito al concurso internacional promovido para adjudicar los derechos de explotación de esta mina, como de la decisión adoptada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de paralizar la adjudicación al objeto de que la misma sea "clarificada".
Y es que después de la adjudicación de los derechos de explotación al grupo empresarial México Minorbis, formado por la compañía andaluza Magtel y el Grupo México, la denuncia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude promovida por otra empresa descartada del concurso ha motivado que el Juzgado de Instrucción número tres haya apreciado "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y haya ordenado tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio Coto.
The Guardian, en ese sentido, expone los términos del auto en el que la juez Patricia Fernández Franco considera que la Administración andaluza no se atuvo "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina, interesándose por el motivo por el cual el grupo empresarial adjudicatario de los derechos no fue "descalificado" del concurso internacional al "fallar en el cumplimiento de los requerimientos básicos medioambientales". Igualmente, el diario británico da cuenta de la defensa del Gobierno andaluz en cuanto al procedimiento seguido y su "transparencia".
AZNALCÓLLAR. LA MINA
La mina de Aznalcóllar, recordémoslo, fue abandonada después de la tristemente famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.
Como consecuencia de la ruptura de la balsa de residuos de la mina, la multinacional sueca de la minería Boliden abandonó la explotación de Aznalcóllar, que sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar, fue necesario un programa de restauración que supuso el desembolso de decenas y decenas de millones de euros de las arcas públicas durante varios años.
A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.
La Junta de Andalucía, tras mantener la mina en barbecho más de tres lustros y esgrimiendo las altísimas tasas de paro de la comunidad autónoma y de la comarca de Aznalcóllar, promovió finalmente un concurso internacional destinado a ofrecer de nuevo los derechos de explotación del complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie y con unas reservas constatadas de 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y recursos probables por otros 45 millones de toneladas.
La agrupación México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, resultó adjudicataria de los derechos de explotación de la mina, toda vez que la restante agrupación empresarial en concurso, Emerita-Forbes Manhattan ha impugnado la resolución del concurso internacional acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.
