El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga) ha acordado la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de dicha localidad Rosa Díaz y otras dos personas --una de ellas el extesorero municipal-- por presuntas irregularidades en la venta y adjudicación de parcelas a un precio inferior al de mercado a través de sociedades municipales. Asimismo, archiva la causa respecto al exregidor Antonio Barrientos.
La jueza dicta esta resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que la Fiscalía presentara sus conclusiones provisionales, en las que se acusó a la exalcaldesa y a otro de los imputados por un delito continuado de fraude a la administración en concurso medial con otro de prevaricación, solicitando para cada uno la pena de tres años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.
Asimismo, el ministerio público acusó al que era tesorero, por su participación como liquidador, por un solo delito de fraude a la administración en concurso medial con otro de prevaricación, por lo que se pidió dos años y medio de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años. También se instó a declarar la nulidad de la venta y que las fincas vuelvan a las entidades vendedoras.
En el auto dictado ahora, la jueza señala que de lo investigado "no aparece debidamente justificada" la participación de Barrientos en el delito de fraude por el que estaba imputado, por lo que se acuerda el sobreseimiento de las actuaciones en relación con el exregidor, que fue quien denunció estos hechos ante el ministerio público la primera vez en 2006 y luego en dos ocasiones más. Además, se determina que el juicio se celebre en un juzgado de lo Penal.
El fiscal consideró en su escrito inicial que la que fuera alcaldesa y los otros dos acusados, éstos como liquidadores de dos entidades públicas, "se pusieron de acuerdo para beneficiar" a dos mercantiles en el proceso de enajenación de varias fincas, para lo que "realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias para favorecer a aquellas empresas en el proceso de adjudicación", de forma que "infringieron de forma deliberada diversas normas".
Asimismo, el ministerio público sostiene que los procesados "se apartaron del interés público" de forma que adjudicaron las fincas "por un precio muy inferior a su valor de mercado, causando así un grave perjuicio a los intereses patrimoniales de las arcas municipales".
Según el fiscal, en 2001 se acordó la transmisión a la empresa municipal Servicios Estepona XXI de cinco fincas con valor de 3,2 millones de euros para ampliación de capital. Ese acuerdo fue elevado a público en marzo de 2002 mediante escritura pública en la que participó la acusada en representación del Ayuntamiento y los otros dos procesados, como liquidadores mancomunados de la entidad municipal.
En una junta general de la sociedad, en la que, según la acusación pública, estaban presentes los acusados, se acordó la venta de dichas fincas a la mejor oferta recibida tras el anuncio de enajenación publicado en agosto en un diario deportivo. Esta oferta fue realizada por una empresa por un valor de 3,5 millones de euros, tras lo que se acordó su venta a la misma, se otorgó escritura de compraventa y se elevó a pública.
Asimismo, en la misma comisión de gobierno de 2001 se traspasaron a otra sociedad, en este caso Planeamiento Estepona XXI, otras fincas, también como ampliación de capital. En este caso, relata la Fiscalía, se siguió el mismo proceso, interviniendo la exalcaldesa y uno de los acusados, como liquidador de la entidad municipal. También la junta general acordó la venta, en este caso, por 1,9 millones de euros a otra empresa, cuando el precio era superior.
