Varias decenas de personas ocuparon hoy simbólicamente la sede de la Comisión Europea (CE) en Atenas en un acto de protesta convocado por el sindicato META, afín a la izquierda extraparlamentaria, contra la presión de los acreedores sobre Grecia.
Los manifestantes entraron en el edificio y desplegaron desde un balcón una amplia pancarta en la que se podía leer en inglés y griego: "La gente no se deja chantajear - El país no está en venta".
Otro grupo se colocó con un cartel similar ante la entrada del edificio situado en la avenida Reina Sofía, una de las principales arterias de la capital griega, a pocos metros de la sede del Gobierno, el Palacio de Maximu.
La policía antidisturbios cerró el acceso a la calle en la que se encuentra Maximu, donde este mediodía el primer ministro, Alexis Tsipras, tiene previsto recibir al canciller austríaco, Werner Faymann.
Tsipras señaló ayer que su Gobierno sigue dispuesto a negociar con los acreedores un acuerdo, pero volvió a poner como condición que incluya medidas que posibiliten la sostenibilidad de la deuda y el acceso de Grecia a liquidez.
En un discurso ante el grupo parlamentario de Syriza, Tsipras reiteró su rechazo a las exigencias de las instituciones -Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional- de ahorrar un 1 % del producto interior bruto en las pensiones.
Para esta tarde está prevista una manifestación contra las políticas de austeridad en la Plaza de Syntagma, ante el Parlamento, convocada en los últimos días a través de las redes sociales.
La manifestación convocada bajo el título "Tomamos el acuerdo en nuestras manos - Abajo la austeridad" ha logrado en Facebook el apoyo de más de 8.000 personas que anunciaron su presencia.
Al igual que una protesta similar celebrada al comienzo de las negociaciones entre el nuevo Gobierno izquierdista y las instituciones, también en esta ocasión los organizadores han pedido a los ciudadanos enviar un mensaje crítico a los acreedores, y a concentrarse también en otras ciudades griegas y europeas.
"No hay duda de que las negociaciones con los socios están en un callejón sin salida. Nadie tiene el derecho a revocar el derecho democrático de un pueblo, de toda una sociedad para decidir sobre su futuro", reza el manifiesto de convocatoria.
En el llamamiento, los organizadores sostienen que el Gobierno ha hecho ya muchas concesiones "en un esfuerzo por evitar las amenazas y el chantaje", pero ahora no tiene "otro camino que no aceptar ningún acuerdo, sino proporcionar una solución basada en el mandato popular".
