La juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha citado a declarar este próximo martes a las reclusas a las que supuestamente un funcionario realizó solicitudes de carácter sexual a cambio de favores, el cual se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde el mes de noviembre del pasado año 2014.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez ha citado este martes día 21 de julio a las reclusas afectadas, que ascenderían inicialmente a cinco, a fin de que ratifiquen los hechos, tras lo que llamará a declarar como imputado al funcionario, que fue denunciado por la Fiscalía.
Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han informado a Europa Press de que fue el día 19 de noviembre de 2014 cuando el secretario general de este departamento, Ángel Yuste, decidió suspender en sus funciones, es decir, de empleo y sueldo, al funcionario, que a día de hoy continúa suspendido.
Las mismas fuentes han precisado que todo comenzó el 3 de julio de 2014, cuando Yuste decidió la apertura de una información reservada sobre este funcionario a la vista de un informe elaborado por la directora de la cárcel, tras lo que el 20 de octubre de ese año ordenó abrir un expediente disciplinario por supuestas irregularidades cometidas por este trabajador.
Seguidamente, ya el 18 de noviembre de 2014, el secretario general de Instituciones Penitenciarias remitió el expediente a la Fiscalía y, finalmente, un día después suspendió al funcionario de empleo y sueldo.
LOS HECHOS
Fuentes judiciales, de su lado, han señalado a Europa Press que, tras serle remitido el expediente, la Fiscalía de Dos Hermanas decidió a principios de año abrir diligencias de investigación contra el funcionario.
Tras ello, y en el marco de esas diligencias de investigación, el Ministerio Público interpuso una denuncia contra el funcionario por tres presuntos delitos, en concreto un delito de negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos del artículo 443.2 del Código Penal; un delito de abusos sexuales del artículo 181, y un delito contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal.
Esta denuncia ha motivado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra haya abierto una investigación al respecto. Según las fuentes consultadas, los hechos denunciados se referirían a episodios ocurridos desde, al menos, el mes de agosto de 2012.
