El equipo de gobierno de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba esperará a contar con la opinión de la Asesoría Jurídica municipal antes de tomar ninguna decisión sobre el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respecto a la nueva ordenanza municipal del taxi, cuyo encaje legal cuestiona y que fue aprobada en el pasado mandato, bajo el gobierno del PP.
En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba Emilio Aumente (PSOE) y Alba Doblas (IU) han precisado que dicho asunto no se ha tratado en la reunión celebrada este viernes, pues no conocen aún el contenido de dicho informe de la CNMC, que está "en manos de la Asesoría Jurídica" del propio Consistorio, para su estudio, según ha señalado Aumente.
Por su parte, Doblas ha añadido que, cuando la Asesoría Jurídica facilite al gobierno municipal "el análisis correspondiente" sobre el informe de la CNMC contrario a la ordenanza del taxi, "valoraremos la decisión a tomar" y los posteriores pasos a seguir.
Estas declaraciones se han producido después de que la organización de consumidores Facua en Córdoba haya reclamado al nuevo gobierno municipal de PSOE e IU que derogue la nueva ordenanza del taxi, tras el informe de la CNMC, en el que indica que la norma "no solo no justifica su necesidad, sino que tampoco respeta los principios de proporcionalidad y eficacia".
En este sentido, Facua ha dicho confiar en que el nuevo gobierno municipal "cuente con los representantes de los usuarios en la elaboración de una nueva ordenanza y que no se deje influenciar por representantes del sector, que solo buscan el interés personal en perjuicio del interés general".
De hecho, según ha subrayado Facua, la CNMC requiere ahora al Ayuntamiento que "derogue gran parte del articulado de la nueva ordenanza del taxi, dando de esta manera la razón a lo que en tantas ocasiones se ha alegado" por parte de la organización de consumidores, que ha dicho lamentar que "la exconcejal de Movilidad Ana Tamayo (PP) y el exalcalde José Antonio Nieto (PP) se plegaran a los intereses de la asociación mayoritaria del sector, dejando a un lado, entre otros, los intereses del resto de asociaciones del taxi y de los usuarios en la elaboración de una norma que ahora ha sido duramente criticada por la CNMC".
POSTURA DE AUTTACOR
Por su parte, la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Auttacor) ha defendido que la ordenanza municipal reguladora del servicio del taxi de la capital "cumple rigurosamente con todo lo dispuesto" en el Decreto 35/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, dentro de la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
Así lo ha manifestado ya la asociación, tras el informe de la CNMC, al tiempo que ha destacado que apoyó la ordenanza, así como su tramitación "limpia y transparente, con arreglo a lo dispuesto", tanto en la Ley, como en el reglamento que la desarrolla.
Al respecto, ha aclarado que, "tanto la Ley 2/2003, como el reglamento, siguieron en su momento los cauces jurídicos necesarios en su tramitación hasta la aprobación de dichas normativas", de entre las que ha destacado el traslado previo e informe posterior del Consejo Consultivo de Andalucía, la consulta a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, órgano adscrito a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, o los informes preceptivos de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.
