La Junta se marcó hace tiempo, y lo ha subrayado hasta la saciedad en el diseño de los nuevos Presupuestos de 2016, el objetivo de redoblar su apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico como pilares de un nuevo modelo productivo y, por extensión, incluso educativo y social. Tanto, que la recién inaugurada décima legislatura cuenta en el organigrama del Ejecutivo autonómico con una Consejería que asocia a sus competencias en Economía las de Conocimiento. Las cuentas públicas que están ya en el Parlamento le atribuyen un montante global que supera los 1.731 millones, por encima incluso de Empleo, Empresa y Comercio.
Bajo el paraguas del departamento de Antonio Ramírez Arellano quedan desde el apoyo a autónomos hasta la financiación de los centros de investigación y los proyectos de excelencia, y es en esas últimas parcelas donde se abren las dudas sobre la consistencia del insistente argumento del Gobierno a favor del salto hacia adelante en la generación de valor añadido. La oposición se lo reprochó ya al consejero en la Comisión de Economía del pasado día 19 y volverá a hacerlo hoy mismo, de nuevo, en el Parlamento. Y es que las cuentas, en determinados capítulos, no cuadran.
El programa Investigación científica e Innovación, el pulmón que debe canalizar la política de apoyo al sector, está de entrada dotado con menos capital que en 2015. Si en el ejercicio aún en vigor contaba con un montante global de 350 millones de euros, el próximo año deberá conformarse con poco más de 328 millones, un 6% menos. Las inversiones reales también se reducen (600.000 euros el próximo ejercicio frente 1,4 millones en 2015) y las transferencias de capital, las cantidades movilizadas entre otros cometidos para respaldar proyectos, sufren también un ligero retroceso desde los 291 millones a los 287 contemplados en las cuentas aún pendientes de aprobación.
Los argumentos
Ramírez Arellano tiró hace días de varios argumentos que, previsiblemente, reeditará hoy. El primero alerta de que las magnitudes no deberían confrontarse porque la remodelación de consejerías (de la anterior Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a la actual Economía y Conocimiento) descuadra las partidas. Sin embargo, el capítulo del programa aparece bajo denominación idéntica y con objetivos calcados. También insiste en que el apoyo a la investigación y la excelencia es un objetivo transversal de la Junta, por lo que las cantidades pueden extenderse a través de otras consejerías, por lo que el gasto sería mayor.
Admitida o no esa teoría, la realidad es que las transferencias a las universidades, el motor de la investigación en Andalucía, menguan. La suma de todas las aportaciones arrojará un saldo en 2016 de 151,2 millones, cuando en 2015 superaba los 195. En total, una merma del 22%. Y ahora el dato más sangrante: no sólo ha caído el gasto global en investigación universitaria, sino que el disponible no se transmite y, por tanto, no llega a los laboratorios.
Según los datos consultados por este diario, las universidades andaluzas no habían recibido a 31 de agosto ni un céntimo de los 255 millones presupuestados para sus proyectos científicos (los 195 millones contemplados en el Presupuesto de 2015 más otros 60 añadidos luego). Explicación oficial de la Junta: los fondos europeos escasean y hay que buscar autofinanciación bajo las piedras. El ejemplo sangrante es la Universidad de Granada: con un fármaco ya patentado contra el cáncer, los directores del proyecto alertaban en verano de que trabajan sin fondos y con becarios que no cobran.
Mientras tanto, la Junta insiste, una y otra vez, en reafirmar su apuesta por las políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Ayer se encargó de refrendarlo la propia presidenta, Susana Díaz, que destacó el aumento del 8% de esa partida en el Presupuesto de 2016, hasta los 400 millones. “Queremos ser competitivos pero no con salarios bajos, sino con innovación”, enfatizó.
