El Grupo Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha rechazado en el consejo de administración de Emasesa la aprobación del reglamento de prestación del servicio al "no contemplar las medidas aprobadas en el último pleno", así como el presupuesto previsto para 2016, que supone un "incremento de su deuda de unos diez millones de euros".
A través de un comunicado, Participa indica que el reglamento de suministros no incluye las medidas aprobadas en el último pleno, como recoger expresamente la "imposibilidad de cortar el suministro de agua a personas y familias en situación de extrema necesidad", ni tampoco el reconocimiento del "certificado de empadronamiento expedido por cada Ayuntamiento, como documento válido para acreditar la disponibilidad del inmueble en la contratación del suministro de agua". No obstante, señala que se ha conseguido el compromiso por parte del propio alcalde, Juan Espadas, de avanzar en este sentido para tratar de incluir estas modificaciones, unas modificaciones que desde el Ayuntamiento se indica que se analizarán en una próxima reunión.
Además, indica que Participa Sevilla e IU se han opuesto también a la aprobación de los presupuestos para el año 2016, "en tanto éstos recogen un incremento de unos diez millones en la ya abultada deuda de la empresa, situada por encima de los 200 millones". Explica que este incremento en las inversiones se basa, además, en "una ampliación del periodo en el que se cobrará a las familias el denominado Canon de Mejora Local a través de la factura del agua".
Este canon, fruto de un protocolo de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla firmado en 2008, está vinculado a una serie de obras que "ya están prácticamente ejecutadas y cuya financiación también culminaba en poco tiempo", según afirma. Por tanto, desde la formación se entiende que hay obras que pueden resultar de urgencia, pero reclaman para ello un plan que recoja un diagnóstico de la situación y unos criterios "claros para establecer la prioridad en estas inversiones".
"En una situación como la actual, en la que el gasto público en cuestiones fundamentales está siendo sistemáticamente recortado, no cabe anunciar grandes inversiones en obra pública sin un debate en profundidad sobre el destino de las mismas. La ciudadanía de este país conoce el coste social de generar deuda pública en base a la construcción de grandes infraestructuras que después se ha demostrado no tenían razón de ser", insiste.
Un ejemplo de ello lo ve en la apuesta por la construcción de hasta cuatro tanques de tormenta, grandes depósitos capaces de almacenar decenas de miles de metros cúbicos de agua en el centro de las ciudades y bajo tierra, unas infraestructuras ante las que plantea como alternativas los sistemas urbanos de drenaje sostenible. "Son tecnologías verdes capaces de cumplir esta misma función, a la vez que proporcionan mejoras ambientales y paisajísticas a la ciudad con un coste menor", concluye.
