La intervención de la Junta, al asumir ante el Consorcio de Compensación de Seguros de la deuda contraída por la mutua Fortia Vida para abonar las prejubilaciones de los empleados de Incosol, junto a las de trabajadores de Acyco, Cash Lepe, Primayor y FCC-Cespa, se tradujo en el pago de 1.15.761,20 euros. La suma total de la deuda de la mutua, asumida por la administración, era de 4,4 millones (201.113,02 euros correspondientes a Incosol).
Los peritos de la Intervención General del Ministerio de Hacienda concluyen en su informe a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye la macrocausa de los ERE, que en el procedimiento de concesión de las subvenciones se cometieron “irregularidades”.
Al igual que lo sucedido en el caso de las indemnizaciones por despido de los trabajadores de los hoteles Don Pablo y Don Pedro de Torremolinos, donde se duda de la legalidad del pago de 8,3 millones a la empresa propietaria de los hoteles los peritos de la Intervención General del Ministerio de Hacienda concluyen que sólo se atendió uno de los pagos previstos, al modificarse el sistema de autorización de pagos de la Consejería de Empleo y que la propia Consejería dictó una orden el 17 de abril de 2012 anulando las actuaciones realizadas.
Además, la intervención de Empleo no fiscalizó ese primer pago, ni consta a los peritos que el consejo rector de IFA-IDEA, entidad a través de la cual se realizaron los abonos, hubiera aprobado la operación.
El informe pericial concluye que tampoco existe información sobre la conclusión del procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de las actuaciones en abril de 2012.
