La Asociación de Acreedores de Grupo Jale ha presentado denuncia ante
la Fiscalía Superior de Andalucía y una queja al Consejo General del Poder Judicial contra las dos juezas de lo Mercantil de Cádiz por la "dejación de funciones" debido a la lentitud en recuperar más de 53 millones de euros "pagados indebidamente por la compra de Incosol".
En una nota remitida a Europa Press, esta asociación ha recordado que hace más de siete años y medio tres empresas del Grupo Jale fueron declaradas en concurso voluntario de acreedores, por lo que más de 1.400 subcontratistas, proveedores de servicios y proveedores pasaron a ser considerados acreedores ordinarios, lo cual significaba que "aun a pesar de que hubiera activos más que suficientes para satisfacer nuestra deuda no se podría realizar hasta que no se firme el convenio de acreedores, con gran diferencia de trato con los acreedores privilegiados, pues ellos sí pueden ir satisfaciendo sus créditos sin necesidad de la firma del convenio".
Por ello, aseguran estar "hartos" de esperar la firma del convenio de acreedores, por lo que un grupo de estos acreedores ordinarios constituyó la Asociación de Acreedores del Grupo Jale (ADA-JALE) al objeto de "personarse en el concurso, conocer su real situación y tomar acción en reclamar sus derechos".
Han agregado que como "no están consiguiendo que se imparta Justicia", han decidido presentar un escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial y otros escrito ante la Fiscalia Superior de Andalucía, en los cuales, "les hacemos saber nuestra total indefensión".
Pide además que investigue el trabajo realizado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, que "se investiguen el porqué, cuando las dos juezas fueron conocedoras de los 53 millones de euros que fueron pagados por la compra de una mercantil en total quiebra, no actuaron en favor de la concursada".
También pide en ambos escritos que "se analice el porque las dos juezas no exigieron a uno de los administradores concursales que defendiera los intereses de los acreedores ordinarios tras una 'due diligence' efectuada y por qué no solicitó una demanda incidental de retroaccion de los 53 millones de euros".
Asimismo, estos acreedores ordinarios piden a la Fiscalía y al CGPJ que "se analice por qué las dos juezas no exigieron a los otros cinco administradores concursales que, conociendo que los informes periciales dejan constancia de la quiebra de la mercantil adquirida por Inverluna con un coste de 53 millones de euros".
