La educación del alumnado con disfunción auditiva está en sus manos. Son los intérpretes de lengua de signos que prestan servicio en los colegios públicos. En Málaga suponen casi una treintena de profesionales que este miércoles vuelven a la calle para reivindicar mejoras laborales.
Apenas cobran cuatro euros a la hora y, aunque este año el Gobierno andaluz ha incluido nuevas cláusulas en el pliego de condiciones para externalizar el servicio -que ha permitido que les cambien, tal y como pedían, al Grupo IV de categoría-, consideran las medidas “insuficientes”. La gran promesa es que les consideren personal laboral en las aulas.
Será la primera protesta del curso, tras tres concentraciones el pasado a las puertas de la delegación de Educación y una movilización conjunta en el Parlamento andaluz en Sevilla. Y es que la situación no escapa al resto de la región. En la comunidad, la cifra de profesionales que exigen dignidad laboral asciende a casi 150 intérpretes.
“La Junta sigue haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones”, asegura Miriam del Olmo, que lleva cuatro años trabajando como intérprete. “Estamos igual o peor que el curso pasado, aunque han cambiado de empresa, saben que hemos trabajado por una miseria y nadie nos garantiza que vayamos a mejorar aunque sea un poco”, lamenta.
Desconocidos
Una opinión con la que coincide Rosa Ruiz, que lleva ocho años como intérprete. “Luchamos por ser personal laboral, gestionan dinero público que ponen en manos de empresas, lo que hacen con nosotros es legal, pero no moral”, apunta. Su salario al final de mes cambia cada dos años, periodo que dura su contrato fijo discontinuo en una profesión poco conocida aún en nuestro país.
“Seguimos siendo los grandes desconocidos, la Junta se desentiende y nos encargamos de interpretar todo en el aula, desde la lección al chiste del compañero de delante; no tienen en cuenta que nos preparamos para afrontar una clase en Secundaria, un grado medio de Cocina o un ciclo de edificación”, lamenta.
