Hace cuatro años los andaluces atónitos comprobamos como sin el menor rubor los socialistas colocaban en la lista al Congreso de los Diputados por Sevilla en el número dos a José Antonio Viera, el que fuera Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en los años de la trama de los EREs, que ya estaba siendo señalado por la jueza Mercedes Alaya y que con toda seguridad sería imputado como el resto de responsables políticos de la Consejería que él dirigió.
El Diputado Viera ha pasado con más pena que gloria por la Carrera de San Jerónimo, según el portal del Congreso ha sido de los diputados menos activos, cuestión normal en un diputado del partido del gobierno, que no era su caso, de un diputado de la oposición se espera que peleé por la circunscripción que representa, que se interese por cuestiones de los municipios de su provincia, que pida explicaciones de la falta de acción del gobierno en materias importantes como empleo, infraestructuras, etc. El señor Viera en cuatro años solo ha registrado 25 preguntas escritas en su mayoría genéricas también presentadas por el resto de diputados socialistas. El señor Viera no ha abierto la boca en cuatro años en el hemiciclo.
La única razón que ha justificado su presencia en el Congreso, como el tiempo ha demostrado, ha sido la de poder tener el privilegio del aforamiento, usar su escaño como un parapeto, una trinchera frente a la justicia, y ser tratado de forma diferente al resto de encausados en la trama de los EREs.
Con esta experiencia, y con la de veces que el Partido Popular lo ha utilizado para desgastar y con razón al Partido Socialista, resulta muy curioso, que ellos mismos quieran hacer lo mismo, esta vez por la candidatura de Cádiz, también en el número dos, y con María José García Pelayo, ex alcaldesa de Jerez, investigada por estar dentro de los contratos de la trama Gürtel. Contratos del Ayuntamiento de Jerez, siendo ella la alcaldesa, con empresas vinculadas a una trama de presunta financiación ilegal de su partido.
Frente al todo o nada, que suponen las candidaturas bloqueadas de las diferentes fuerzas políticas que concurren a las elecciones y para evitar esta situación ridícula del uso de las cámaras representativas para “proteger” a sus señorías de los juzgados de primera instancia, se hace necesario y urgente plantear una modificación de la Ley Electoral, que entre otras muchas cosas plantee listas abiertas para que los votantes no vayan a las urnas con la nariz tapada.
