El Consell Executiu ha aprobado este martes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma del Alto Tribunal que le permite multar a cargos y empleados públicos que incumplan sus resoluciones y la ley de Seguridad Nacional, después de que el Consell de Garanties Estatutàries haya apuntado a varias vulneraciones.
Según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, el primer recurso se debe a que la modificación de la ley del TC "vulnera garantías constitucionales" y altera el equilibrio de los poderes del Estado.
El segundo recurso se sustenta en el hecho de que la ley de Seguridad Nacional del Estado "deja fuera del diseño" de la Estrategia de Seguridad Nacional a los gobiernos que, como la Generalitat, tienen competencias en materia de seguridad pública
Sobre la reforma del TC, Munté ha dicho que le da poder al Alto Tribunal para "multas coercitivas sin fijar ningún criterio de gradación", sí como suspender en sus funciones a las autoridades y empleados públicos.
Además, le faculta para encargar al Gobierno central "la ejecución sustitutoria de sus resoluciones incompletas" y para llevar a cabo las acciones necesarias para encargarse de que las autoridades públicas cumplen sus decisiones.
Estas cuestiones vulneran las garantías constitucionales del derecho sancionador en relación al principio de legalidad y "exceden" la definición del ámbito de jurisdicción del TC que le otorga la Constitución.
VULNERACIÓN DE COMPETENCIAS
En relación al recurso de la ley de Seguridad Nacional, Munté ha explicado que el Consell de Garanties ha apuntado a tres motivos de impugnación, entre los que destaca que se "vulneran" las competencias de la Generalitat establecidas en esta materia.
Además, ha lamentado que la ley no prevé "ningún tipo de consulta ni participación" de las comunidades autónomas en caso de declararse una Situación de Interés para la Seguridad Nacional.
