La Guardia Civil atribuye una posible "responsabilidad penal" al exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera en el atestado sobre las ayudas a varias empresas de la Faja Pirítica de Huelva que ha entregado recientemente a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En un oficio elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva recuerdan que, el pasado 24 de noviembre, entregaron a la magistrada las diligencias policiales número 148/2015 instruidas "por un supuesto delito de malversación, entre otros, relacionados con la denominada Faja Pirítica de Huelva".
Los agentes añaden que, en este atestado, "se pone de manifiesto la supuesta responsabilidad penal que pudiera tener quien fuera consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera", destacando que en dichas diligencias "no se procede a su imputación por desconocer los instructores el contenido de su declaración ante el Tribunal Supremo y si ha declarado ante el mismo por los hechos que en ellas se reseñan".
"Teniendo conocimiento que José Antonio Viera, en la actualidad, no ostenta acta alguna como parlamentario", la Guardia Civil solicita a la juez una copia "de las posibles declaraciones que el señor Viera haya prestado en sede judicial, ante ese Juzgado o ante el Tribunal Supremo", toda vez que "necesita conocer si se le han imputado ya supuestos hechos delictivos relacionados con las diligencias policiales" relativas a la Faja Pirítica.
La juez Núñez, en una providencia de 19 de diciembre a la que ha tenido acceso Europa Press, accede a lo solicitado por los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y acuerda librar el oportuno oficio junto con la declaración del exconsejero de empleo de la Junta de Andalucía.
PIEZA SEPARADA
La juez, de su lado, abrirá en las próximas fechas una pieza separada del caso de los ERE fraudulentos para investigar las ayudas a varias empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva y en la que estarán incluidas como imputadas más de 200 personas, todo ello después de recibir el atestado en el que la Guardia Civil analiza dichas ayudas e imputa a más de 200 prejubilados.
Entre estas empresas se encuentran Río Tinto, minas de Almagrera o mina La Herrería, según han señalado las fuentes consultadas por Europa Press, que han precisado que el atestado aportado por la Guardia Civil contiene varios miles de documentos anexos.
Las fuentes han explicado que, en los próximos días, la juez abrirá diligencias previas de investigación referentes a la Faja Pirítica, todo ello siguiendo los criterios marcados en el auto de 9 de noviembre donde rediseñó la división del caso acordada el 30 de julio, dejando como pieza matriz la causa originaria de los ERE de 2011, de ayudas sociolaborales y directas, y desgajando de esta matriz otras seis piezas con las que se comienza a trabajar, dándoles una tramitación preferente con el fin de que puedan ser enjuiciadas en el menor tiempo posible.
De este modo, la juez acordó desgajar de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.
Así, y "teniendo en cuenta las características tan especiales de esta causa y la necesidad de realizar un diseño fáctico de cada una de ellas", la instructora considera "adecuado" establecer el diseño de las seis piezas referidas, que "serán desgajadas de la matriz, diligencias previas 174/11, donde se seguirán instruyendo el resto de las ayudas sociolaborales o directas cuyos atestados hayan sido incorporados a la misma, desgajándose en un futuro nuevas piezas para su enjuiciamiento cuyo diseño se realizará en atención al contenido de las sentencias que se dicten" por la Audiencia Provincial de Sevilla y al estado de la instrucción.
El pasado mes de septiembre, la juez Núñez dictó una providencia en la que ya indagaba las ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo para el pago de las pólizas de prejubilación para los mayores de 55 años pertenecientes a los colectivos de la Faja Pirítica de Huelva.
LA CRISIS MINERA
Así, solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social de Huelva que entregara a la Guardia Civil un informe "en el que se indique si por parte del Ministerio de Trabajo, o cualquiera de los departamentos que lo componen a través de la Subdelegación del Gobierno, se solicitó los coeficientes reductores de los mineros afectados por la crisis minera" de la Faja Pirítica y, "en concreto, si lo realizó o no, en los años 2003 y 2004".
La magistrada tomó esta decisión después de que así lo solicitara en un oficio fechado el 3 de septiembre el Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Huelva, que informa en el escrito de que "está trabajando una línea de investigación sobre la presunta comisión de un delito de prevaricación en concurso de otro de malversación" en relación con estas subvenciones.
La antecesora de Núñez, la juez Mercedes Alaya, en un auto dictado en septiembre de 2014, imputó en el caso a cinco personas que fueron incluidas como 'intrusas' en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva tras las "instrucciones" dadas a tal efecto por el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.
