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Sábado 16/11/2024
 
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Jaén

Pacto salarial PP-Ciudadanos

Aprobada por unanimidad la moción defendida por ‘Andamios, iniciativas para las ideas’ instando a la apertura de los BIC públicos y privados

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  • Ediles de Ciudadanos -

Tanto el alcalde de Jaén, Javier Márquez, como la portavoz de Ciudadanos, Salud Anguita, tuvieron que esforzarse ayer para negar en varias ocasiones la existencia de un pacto entre el PP y C’s en el Ayuntamiento de Jaén. “No existe pacto”, entonó el alcalde; “no somos la muletilla del PP”, zanjó la portavoz de C’s. Pero el Pleno de ayer no hizo más que certificar que, al menos en materia salarial, los 12 ediles populares y los tres de C´’s sí que caminan por la misma senda. Y eso tras aprobarse la propuesta del alcalde para que los tres ediles de Ciudadanos, que   hasta ahora estaban liberados al 66%, pasen a estarlo al 90%, lo que les dejará una remuneración de 39.820,66 euros brutos anuales a cada uno.
Tanto PSOE como Jaén en Común votaron en contra de esta medida que rompe con los acuerdos sobre proporcionalidad en las liberaciones que consensuaron los cuatro grupos políticos el pasado mes de julio. “Claro que es legítimo que hagan un pacto, pero un pacto transparente y sin negocio”, espetó durante el pleno el portavoz socialista, Manuel Fernández, que pidió, sin éxito, que este punto quedara sobre la mesa. A su juicio, traer de nuevo al debate político el tema de los sueldos de los corporativos “no es la política que esta ciudad merece”. Y censuró al alcalde por su decisión unilateral. “En la nueva política no caben este tipo de pactos”, indicó Fernández, que llegó a tildar de “pacto furtivo” el acuerdo alcanzado entre PP y C’s. En la misma línea se pronunció el portavoz de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo. “Es la constatación de un acuerdo encubierto y un fraude democrático”, dijo, para advertir a continuación que el acuerdo “abre las puertas a un escenario peligroso” en el Ayuntamiento.
La portavoz de Ciudadanos, Salud Anguita, admitió que la liberación en exclusiva era una reivindicación de su grupo desde el inicio del mandato, pero reiteró  que no existe acuerdo “cubierto ni descubierto” con los populares. “No vamos a coger ningún sillón”, insistió, después de lanzar críticas veladas a los ediles (que no enumeró) que “están liberados al 50% y van dos veces a la semana al Ayuntamiento”. Y el alcalde, Javier Márquez, también criticó la “demagogia” de PSOE y JeC, y mostró su”mano tendida” a  estudiar “las necesidades futuras que tengan el resto de grupos” en materia de liberaciones. Y en alusión a las críticas socialistas sobre el mensaje poco edificante que se manda a los ciudadanos con esta subida salarial, Márquez fue así de explícito:  “Los ciudadanos piden que nos pongamos de acuerdo porque lo que le importa a la gente es que las cosas funcionen”.
La modificación al alza de las liberaciones fue el asunto más controvertido del pleno ordinario celebrado ayer, pero  PSOE y JeC  también  se mostraron muy críticos con el punto referido al levantamiento de la suspensión del sector del PGOU donde se va a construir el centro comercial Jaén Plaza. El concejal socialista Julio Millán cuestionó que la empresa elegida para la urbanización y construcción del centro, OHL  “está implicada en el caso Bárcenas” y es conocida por ser la “constructora de cabecera del PP”. Manuel Montejo, de JeC, abundó en esa idea al indicar que la firma, vinculada al empresario Villar Mirc, “está implicada en muchos casos de corrupción y presunta financiación ilegal del PP”. Pero el alcalde, Javier Márquez, que  mantiene las competencias del área de Urbanismo, recordó que se trata de un área privada donde el Ayuntamiento no interviene. “Me importa un pepino la empresa que sea, en un sector privado cada uno contrata con quien quiera”, dijo en tono de reproche a la oposición. Pero PSOE y JeC también le pidieron “prudencia” para no generar “falsas expectativas” en cuanto al empleo y los plazos de Jaén Plaza. Y desde el PSOE se insistió en la conveniencia de tener un estudio previo sobre el impacto de esta gran superficie comercial en el comercio tradicional de la ciudad.
Ya en el capítulo de mociones, los cuatro grupos políticos aprobaron por unanimidad la iniciativa presentada por Ciudadanos y defendida por ‘Andamios, iniciativas para las ideas’ para la apertura de todos los monumentos que son Bien de Interés Cultural (BIC), tanto los públicos como los privados. La portavoz de este colectivo, Marina Heredia, hizo un llamamiento a un pacto entre instituciones y ciudadanía para hacer realidad la apertura de estos espacios ocultos. “Es necesario hacer un esfuerzo e ir más allá de las obligaciones que marca la propia Ley de Patrimonio Histórico Andaluz e impulsar esta medida”, dijo Heredia, tras recordar el éxito que tuvieron iniciativas como la Noche Jaenciana llevada a cabo en octubre dentro del programa Jaén Genuino. También la concejala socialista María del Mar Shaw dijo que se tome como referencia ese programa impulsado por VIVA JAÉN, mientras que la concejala de Turismo, Rosario Morales de Coca, vendió como un “sobresaliente” la gestión municipal en cuanto a la divulgación del patrimonio. 
En el Pleno también se aprobó la moción presentada por el PSOE pidiendo un plan integral de revitalización del Centro Histórico, que aboga por una acción planificada en esta área degradada de la ciudad. El equipo de gobierno del PP sacó adelante sus dos mociones, la primera denominada ‘Una financiación autonómica justa para el Ayuntamiento’, que pone el foco en la Junta de Andalucía, y la segunda  ‘Intervención urgente en el barrio de las Protegidas y el cumplimiento de las promesas de la Junta”, ésta última seguida y aplaudida por numerosos vecinos de esta barriada presentes en el Pleno.
Antes se vivió el momento de mayor tensión en el Pleno al encararse con la bandada de Ciudadanos y con el propio alcalde el vecino Manuel Conde, que fue presentado por el grupo de Jaén en Común como presidente de la asociación de parados de Peñamefécit, y que defendió una moción reclamando empleo para esta barriada. Por cierto, desde Jaén en Común se cuestionó la identificación de los asistentes al Pleno municipal al entender que se presupone que se puede cometer alguna sanción, algo que el alcalde justificó para tener “un control” y tratar de evitar “situaciones de tensión”.

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