El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, ha acordado desbloquear un total de 87.328 euros de los 900.000 que le fueron embargados al exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, en una cuenta de Luxemburgo. El juez ha atendido así a la petición planteada por el acusado y su mujer, Ana María Tejeiro, quienes aseguraban no poder "afrontar" el juicio del caso Nóos por carecer de fondos para ello.
En un reciente escrito, la defensa del matrimonio aludía a la "urgente necesidad" de que le fuera desbloqueada la anterior cantidad, al aseverar que, si ambos "carecen de posibilidades" para sufragar los gastos ordinarios de su manutención, pago de hipotecas e impuestos, entre otros, "con más razón carecen de la oportunidad de atender los costes derivados tanto de los desplazamientos, estancia y manutención los días del juicio, de cinco meses de duración".
En su auto, Castro recuerda que el embargo del dinero depositado en la Credit Suisse de Luxemburgo se trabó para garantizar las responsabilidades económicas que puedan derivarse de esta causa, "no para garantizar que este Juzgado acabara convirtiéndose en su administrador o filtro de los cargos que debieran ser atendidos a través de ella".
No obstante, arguye que en la medida en que se desprende la existencia de determinados pagos a los que "se hace necesario hacer frente", incluso para preservar bienes embargados, pago de honorarios, atención de las necesidades diarias y garantía de la asistencia jurídica así como al juicio, "procede a esos fines acceder a liberar parcialmente el saldo" bloqueado.
El abogado de Torres apuntaba que, de no contar con el dinero bloqueado, "son imposibles los desplazamientos, ni contar con defensa técnica ni, en definitiva, afrontar el plenario".
En un anterior escrito, la defensa del acusado señalaba a su "falta de liquidez desde cualquier punto de vista" y reclamaba que se le haga entrega del dinero que quedó pendiente hace varios meses -solicitó el desbloqueo de un total de 87.328 euros para poder cubrir "las cuando menos necesidades básicas de alimentación, higiene y demás"- puesto que "no de otro modo cabe ya afrontar la situación, con el gravísimo e irreparable perjuicio que ello puede comportar".
En el marco de esta causa, Torres se enfrenta a una petición, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de hasta 16 años y medio de cárcel por apoderarse, junto a Urdangarin, de más de seis millones de euros públicos mediante un entramado de empresas ficticias.
En concreto, sobre Torres pesan un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, un delito fiscal y un último de blanqueo de capitales. Por su parte, su mujer se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por blanqueo.
En su escrito de acusación, el fiscal Pedro Horrach desgrana los mecanismos con los que Torres y su exsocio pusieron en marcha una estructura "hueca de contenido real" y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse del dinero público de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
Y para ello, añade, utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
La Agencia Tributaria (AEAT) elevó a más de 3,9 millones de euros la cantidad que finalmente no fue invertida por ambos exsocios al objeto para el que obtuvieron estos fondos -el impulso de varios foros de turismo y deporte-, a pesar de que para ello obtuvieron más de seis millones públicos.
BLOQUEO DE CUENTAS
Cabe recordar que el dinero de Torres y Tejeiro fue intervenido en los registros efectuados en la sede del Instituto Nóos y de otras empresas del entramado el 7 de noviembre de 2011, y que se halla en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. El saldo de la cuenta abierta en Credit Suisse ascendía, a 17 de julio de 2012, 961.666 euros.
En una anterior resolución, el juez Castro recordaba al abogado de Torres que el bloqueo del dinero tiene como objetivo garantizar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de estas investigaciones, "no que este Juzgado acabara convirtiéndose en su administrador o filtro".
